En el primer encuentro oficial con los 32 nuevos gobernadores del país, el presidente Gustavo Petro expresó su respaldo a la propuesta de reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) y propuso la creación de mesas técnicas para presentar un proyecto de ley al Congreso.

Petro destacó que una de las razones para reformar el SGP es la falta de asignación de recursos para la niñez, considerando que es un problema significativo en las regiones. Además, criticó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), afirmando que está afectado por la corrupción y que los fondos destinados a los niños son desviados.

“Eso está en nuestra política pública, sí, claro, hay un ICBF carcomido por la corrupción, es decir, se roban la plata de las niñas y los niños”, señaló el mandatario. Petro indicó que el actual enfoque en la distribución de recursos del SGP no aborda de manera clara la financiación para la atención a la primera infancia.

El presidente también resaltó la importancia de la atención a la niñez en los primeros años, citando estudios sobre violencia que sugieren que el cuidado de los niños de 0 a 7 años tiene un impacto directo en los indicadores de violencia. Enfatizó que la falta de atención a la niñez durante estos años no resolverá los problemas de violencia en la sociedad.

Además de abordar temas relacionados con la niñez, Petro cuestionó la implementación de los acuerdos de paz, alegando que no se cumplieron en términos de verdad y transformación del territorio. Expuso sus preocupaciones en relación con las solicitudes de amnistía y la entrega de tierras a los campesinos, indicando que el acuerdo de paz no se ha materializado como se esperaba. Además, propuso a los nuevos gobernadores la transformación de las regiones, destacando la importancia de los líderes democráticamente elegidos en este proceso de cambio territorial.

Renuncias protocolarias de directores regionales

Las declaraciones de Petro se producen luego de que se denunciara en los medios nacionales que los directores regionales del ICBF habrían sido informados mediante una videollamada sobre la necesidad de presentar renuncias protocolarias para permitir la designación de nuevas personas en sus cargos.

Según la revista Cambio, al menos 26 directores regionales ya habrían recibido esta notificación. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, sería la responsable de iniciar este proceso de cambios, que se habría gestado desde 2023.

En la videollamada, la funcionaria María Teresa Salamanca habría explicado que los cargos de libre nombramiento y remoción deben permitir la integración de nuevos equipos de trabajo cuando hay cambios en la administración pública. Sin embargo, la revista Cambio señala que este despido masivo podría contravenir normativas que protegen a los directores regionales.

Según la denuncia, la elección de los directores regionales está bajo la responsabilidad de los gobernadores de cada departamento, quienes deben seleccionar de entre las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo. La revista sostiene que la normativa prohíbe el despido de los directores actuales hasta que finalicen los concursos de mérito para la selección de nuevos directores.

A pesar de este supuesto proceso de despidos, el ICBF publicó un comunicado el 5 de febrero informando sobre un concurso de méritos para la elección de directores regionales. La revista Cambio sugiere que estas solicitudes de renuncia podrían ser una estrategia para colocar en los cargos a personas afines al Gobierno nacional. Sin embargo, el ICBF afirma que el proceso de selección se lleva a cabo de manera transparente mediante concursos de méritos