Organizaciones de usuarios de servicios públicos en la región Caribe han emitido una alerta sobre el riesgo de colapso en la prestación del servicio de energía eléctrica. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, advirtieron que la sostenibilidad financiera de Afinia, filial de EPM, está en peligro debido a deudas del Gobierno Nacional que superan los $1,6 billones.

La preocupación de las organizaciones se centra en el incumplimiento de pagos relacionados con la opción tarifaria y los subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3, esenciales para mantener el modelo financiero de Afinia. Este retraso en los pagos podría generar interrupciones en el suministro eléctrico, afectando a más de 11 millones de habitantes en la región Caribe.

Desde su llegada a la región, Afinia ha invertido más de $2,5 billones para mejorar la infraestructura eléctrica con el objetivo de garantizar un servicio más estable. Sin embargo, los retrasos en los pagos por parte del Gobierno dificultan el cumplimiento de obligaciones con proveedores, contratistas y generadores de energía, lo que genera tensiones en toda la cadena de suministro.

Los habitantes de la región Caribe enfrentan algunas de las tarifas eléctricas más altas del país, una situación que contrasta con el bajo poder adquisitivo de muchas familias. Las organizaciones destacan que esto exacerba la desigualdad económica y subrayan la necesidad de garantizar tarifas más justas sin sacrificar la calidad del servicio.

El Ministro de Minas y Energía ha explicado que los retrasos en los pagos se deben al hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. No obstante, las organizaciones consideran esta explicación insuficiente y señalan que el Gobierno debió prever estas dificultades y establecer mecanismos alternativos para cumplir con sus compromisos.

Ante esta situación, el gerente general de EPM solicitó una reunión con el presidente Gustavo Petro para abordar la crisis y buscar soluciones conjuntas. Las organizaciones de usuarios respaldan esta propuesta, enfatizando la importancia de la colaboración entre el Gobierno y las empresas para superar los retos del sector energético.

Las organizaciones instan al Gobierno Nacional a priorizar esta problemática en su agenda. Advierten que un eventual colapso en el servicio eléctrico tendría consecuencias devastadoras no solo para la región Caribe, sino también para sectores estratégicos del país.

En su petición, solicitan medidas urgentes que garanticen el pago de las deudas pendientes y aseguren la sostenibilidad financiera de Afinia. También enfatizan la necesidad de un plan de acción integral que contemple tanto la estabilidad del servicio como la protección de los derechos de los usuarios.

Aunque el impacto inmediato se concentra en la región Caribe, las organizaciones advierten que una crisis energética en esta zona podría afectar otros sectores del país, generando un efecto cascada que comprometa la seguridad energética nacional.