La violencia desatada en el Catatumbo, Norte de Santander, ha puesto en peligro a miles de menores que enfrentan una situación crítica en medio del conflicto armado. Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, más de 46,000 niños, niñas y adolescentes han sido desescolarizados debido al desplazamiento forzado y el confinamiento causado por los recientes ataques del ELN y otros grupos armados.

El conflicto no solo ha interrumpido la educación, sino que también ha forzado a miles de menores a abandonar sus hogares junto con sus familias, exponiéndolos a condiciones de vulnerabilidad extrema. La ONU confirmó que al menos 18,000 personas han sido desplazadas, muchas de las cuales pertenecen a comunidades indígenas como los pueblos Bari y Yukpa.

Además, el riesgo de reclutamiento forzado, explotación y abuso por parte de grupos armados ilegales es una amenaza constante para los niños y niñas de la región. Esta realidad agrava la crisis humanitaria y socava el derecho fundamental de los menores a vivir en un entorno seguro.

La respuesta del ICBF

Ante esta alarmante situación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha intensificado sus esfuerzos para proteger a los menores afectados. Las acciones implementadas incluyen:

– Unidades móviles de atención: Seis equipos interdisciplinarios de trabajadores sociales, psicólogos y nutricionistas están brindando apoyo en los albergues habilitados para las familias desplazadas.
– Ruta especial para menores desvinculados: El ICBF activó un programa para atender a jóvenes que han sido reclutados por grupos armados ilegales, brindándoles herramientas para reintegrarse a la vida civil.
– Coordinación con autoridades locales: En una reunión liderada por Astrid Cáceres, directora del ICBF, se trazaron estrategias para garantizar una atención integral a las familias afectadas y prevenir el reclutamiento de menores.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, expresó su preocupación por el impacto del conflicto en la infancia. “¿Cuál es el futuro y el presente que le estamos dando a los niños y niñas si, por encima de ellos, siempre estarán los intereses del narcotráfico y otros negocios ilícitos?”, cuestionó Cáceres, instando a los grupos armados a excluir a los menores del conflicto.

El ICBF reafirmó su compromiso de trabajar por el bienestar de las familias del Catatumbo y enfatizó la importancia de construir un entorno seguro para la niñez.

La crisis en el Catatumbo exige una respuesta inmediata por parte del Estado y la comunidad internacional para garantizar la protección de los derechos de los menores. La ONU ha instado a los grupos armados a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y a las autoridades a incrementar los esfuerzos humanitarios en la región.

El futuro de los niños y niñas del Catatumbo depende de acciones contundentes que prioricen su bienestar y los protejan del impacto devastador de un conflicto que no debería involucrarlos.