Una fuerte controversia cultural desató la orden del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de retirar al menos 30 obras y objetos de exhibición del Museo Nacional en Bogotá. La decisión provocó el rechazo de seis importantes museos de arte moderno del país, que advirtieron sobre los riesgos de imponer criterios políticos en la construcción de la memoria histórica de Colombia.

«Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás», señalaron las instituciones culturales en una declaración conjunta, en la que expresaron su preocupación por el retiro de piezas que representan experiencias, luchas y acontecimientos fundamentales de la historia nacional.

Entre las piezas señaladas como retiradas figuran el afiche de la campaña presidencial de Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19 y candidato presidencial asesinado en 1990; el bolígrafo utilizado durante la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc; una bandera del orgullo LGBTIQ+ y fotografías relacionadas con la diversidad sexual, testimonios de las luchas por el reconocimiento de derechos en Colombia.

Para los museos, retirar estos testimonios de la mirada pública limita la posibilidad de comprender el pasado desde distintas perspectivas, especialmente cuando se trata de episodios que generan controversia o incomodidad.

«Retirarlos de la mirada pública empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad», advirtieron, al recordar que conocer la historia, incluso sus capítulos más difíciles, resulta fundamental para evitar la repetición de la violencia.

El pronunciamiento fue respaldado por los museos de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), Barranquilla, Cartagena, Medellín (MAMM), el Museo Rayo y el Museo de Arte Moderno del Tolima.

Las instituciones solicitaron explicaciones a la ministra de Cultura, Paola Holguín, y exigieron una revisión pública y sustentada de las decisiones, con participación de los equipos curatoriales y las comunidades representadas en las piezas retiradas.

Asimismo, reclamaron garantías para la autonomía profesional de los museos, al considerar que sus exposiciones deben construirse desde el conocimiento histórico y la pluralidad, no desde las preferencias ideológicas de los gobiernos de turno.

La controversia abre un debate sobre los límites de la intervención estatal en los espacios culturales y el derecho de los colombianos a conocer su historia sin exclusiones políticas.

Los museos concluyeron reiterando su compromiso de defender espacios donde los colombianos puedan encontrarse en sus diferencias, reflexionar sobre el pasado y contribuir a la construcción de paz.