La tragedia en Cabo San Juan dejó al descubierto un esquema informal de transporte marítimo que opera al margen de la ley en una de las áreas protegidas más visitadas de Colombia.

La muerte de Noelia Maximino, una turista española de 31 años, ha puesto en evidencia una red de lanchas ilegales que operaban sin autorización alguna hacia el Parque Nacional Natural Tayrona, cobrando cerca de 100.000 pesos colombianos por persona. El siniestro ocurrió cuando la embarcación, que transportaba a más de 20 ocupantes, se volcó en el sector de Cabo San Juan durante un recorrido que, según las autoridades, no contaba con ningún tipo de permiso vigente.

Según testimonios recogidos por El Tiempo, existían dudas sobre el estado de la lancha antes de zarpar. No todos los pasajeros contaban con chaleco salvavidas, y Noelia Maximino fue una de las últimas personas en abordar, momento en el que ya no había dispositivos de seguridad disponibles para todos. A pesar de estas carencias, el viaje se inició igualmente.

El capitán de fragata Julio Monroy, director de la Dirección Marítima (Dimar) en Santa Marta, confirmó que la embarcación no operaba desde ningún embarcadero autorizado. “No tienen ninguna clase de permiso para prestar ese servicio. Absolutamente ninguno”, señaló el oficial, quien explicó que estos operadores se aprovechan del desconocimiento de los turistas para evadir los controles institucionales.

Carlos Vidal Pastrana, director Territorial Caribe de Parques Nacionales, precisó que la lancha provenía del corredor Guachaca-Buritaca, una zona donde no existen puntos autorizados para el zarpe hacia el área protegida. Las rutas marítimas reguladas hacia el Tayrona parten exclusivamente de Santa Marta, El Rodadero y Taganga, todas sometidas a las exigencias de Dimar.

La diferencia entre un servicio formal y uno ilegal resulta difícil de identificar para los visitantes第一次 que llegan al parque, lo que convierte a miles de turistas en potenciales víctimas de esta informalidad.

Un dato que encendió todas las alarmas fue que, cuando funcionarios de Parques Nacionales intentaron verificar la embarcación tras el accidente, esta ya había sido retirada del lugar. Tanto el casco como el motor fueron extraviados, piezas fundamentales para determinar las causas técnicas del siniestro. “Nadie nos da razón de la embarcación”, afirmó Monroy.

La Gobernación del Magdalena convocó una mesa técnica con Dimar, Guardacostas, Policía Metropolitana, CTI, Procuraduría, Defensa Civil, Indetur y Parques Nacionales para revisar protocolos, fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante emergencias marítimas en la zona.

Dimar, por su parte, anunció que trabaja conjuntamente con Parques Nacionales para reforzar el monitoreo meteorológico, generar alertas más precisas sobre las condiciones del mar e incrementar la presencia de inspectores en puntos de embarque y desembarque dentro del parque.

Parques Nacionales Naturales pidió a los viajeros que, antes de adquirir cualquier recorrido marítimo hacia el Tayrona, verifiquen que el operador cuente con permisos vigentes y opere desde embarcaderos autorizados. Se recomienda desconfiar de ofertas que provengan de zonas como Guachaca y Buritaca, donde la operación irregular es más frecuente.

La investigación judicial deberá establecer la identidad de quienes estaban al mando de la lancha, por qué operaba sin autorización y qué responsabilidades administrativas, civiles o penales se derivan de la muerte de Noelia Maximino. Mientras tanto, la tragedia deja una advertencia contundente: el turismo en el Tayrona no puede estar en manos de embarcaciones que aparentan seguridad pero navegan al margen de la ley.