La investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay experimentó un giro crucial esta semana, al abrirse una nueva línea que apunta a una posible infiltración en su círculo de seguridad. Fuentes cercanas a la investigación, citadas por Noticias RCN, revelaron que los rastros de teléfonos celulares de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignados a la familia del difunto político presentan movimientos coincidentes con los de uno de los condenados por el crimen.

Las coincidencias en las antenas de los celulares ocurrieron en dos fechas críticas. La primera fue el 29 de enero de 2025, en el sector de Modelia, Bogotá, donde más adelante se perpetraría el atentado. Para esa fecha, Uribe Turbay se encontraba en Panamá y su esposa, María Claudia Tarazona, en Miami. La segunda coincidencia se registró a principios de abril, en inmediaciones del Congreso de la República. Nuevamente, los dispositivos de los dos escoltas aparecieron cerca del mismo condenado, mientras el senador y su esposa estaban fuera de la ciudad. Un dato alarmante es que estos funcionarios siguen asignados a la seguridad de la viuda del senador.

El foco principal de la investigación se ha centrado en Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “el Costeño”, señalado como el cerebro logístico y operativo del magnicidio. Esta semana se conoció que la Fiscalía avanza en la verificación del testimonio de un menor de 17 años, conocido como “Churco”, quien aseguró que “Chipi” tenía en sus contactos a una persona registrada como “Escolta senador”.

Según el relato del adolescente, quien integraba una célula criminal para ejecutar el ataque, en un grupo de WhatsApp circularía información privilegiada sobre los movimientos, la vivienda y los recorridos del entonces precandidato. El testimonio más impactante describe una llamada por WhatsApp que “Chipi” realizó desde un taller en Engativá con ese contacto. La comunicación fue breve y enigmática: el interlocutor simplemente respondió “Hay manifestaciones” antes de colgar. El menor identificó una voz masculina, pero nunca vio a la persona.

Es crucial anotar que estas pruebas aún están siendo contrastadas por los investigadores para determinar su solidez. El propio testigo, “Churco”, se encontraba bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tras prestar declaración en julio, pero huyó y actualmente se desconoce su paradero. Residente del barrio Las Cruces, habría sido reclutado por “Chipi” a finales de mayo de 2025, ofreciéndole 20 millones de pesos por ejecutar el asesinato.

El caso del magnicidio de Uribe Turbay acumula ya siete condenas. Este nuevo development sobre la posible infiltración en su esquema de protección no solo complejiza la trama, sino que pone en entredicho la integridad de los mecanismos de seguridad de altos funcionarios. La Fiscalía ahora debe dilucidar si los contactos telefónicos fueron casuales o constituyen evidencia de una traición que facilitó el crimen.