La reciente declaración del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada generó conmoción en Colombia al afirmar que unos 20.000 cuerpos no identificados podrían estar almacenados en un hangar del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. Esta revelación, hecha durante una rueda de prensa el pasado jueves, desencadenó reacciones inmediatas de las autoridades nacionales y abrió una investigación para verificar la veracidad del dato.

Carmen Rosa Villa, miembro del comité, aseguró que durante su visita a Colombia recibieron información de que “hay miles de cuerpos sin identificar, tanto en bóvedas, subsuelos y cementerios, como en un hangar del aeropuerto El Dorado”. Según la delegación, los datos provendrían de informes entregados por distintas fuentes, entre ellas el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La declaración apuntó a un problema estructural en el manejo de cuerpos no identificados en el país, enmarcado en el contexto de desapariciones forzadas que, según el comité, “siguen ocurriendo a diario en todo el territorio nacional”.

Tras la declaración, entidades colombianas desmintieron conocer información sobre el supuesto hangar con cuerpos en El Dorado. Medicina Legal afirmó en un comunicado que no tiene registros de la existencia de dicho espacio y que no ha recibido solicitudes relacionadas con este tema.

Por su parte, Opain, operador del aeropuerto, aseguró no tener conocimiento de los hechos y precisó que la administración del terminal aéreo está orientada únicamente a operaciones aeroportuarias. La Fiscalía General de la Nación y la Aeronáutica Civil también se sumaron al rechazo, señalando que no tienen evidencia que respalde la afirmación de la ONU.

Inspección en El Dorado

En respuesta, una comisión de la **Procuraduría General de la Nación** inspeccionó el aeropuerto el mismo jueves. Durante la visita, revisaron 27 hangares del terminal aéreo sin encontrar evidencia de cuerpos o restos humanos almacenados.

Tito Perilla, asesor de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, señaló que los hangares inspeccionados están dedicados a actividades relacionadas con operaciones aeroportuarias, como reparación de aeronaves, embarque privado de pasajeros y almacenamiento de equipos.

La procuradora Margarita Cabello ordenó formalizar solicitudes de información a entidades como Medicina Legal, Fiscalía e Interpol para esclarecer la procedencia de los datos entregados al Comité de la ONU.

Desde la ONU se aclaró que, por respeto a las víctimas, suelen referirse a “cuerpos” y no a “huesos” o restos humanos, lo que podría haber generado confusión en la interpretación del informe. Además, indicaron que el contenido del reporte fue compartido previamente con representantes de Medicina Legal, la Fiscalía y la Cancillería, sin objeciones de su parte.

El caso sigue generando inquietud, y las autoridades han iniciado indagaciones internas para verificar la información. Por ahora, tanto el Instituto de Medicina Legal como la Alcaldía de Bogotá y otras entidades involucradas aseguran desconocer cualquier almacenamiento de cuerpos en las instalaciones del aeropuerto.