En un Consejo de Seguridad liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, las autoridades revisaron la compleja situación de orden público que se vive en los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá y Valle del Cauca por cuenta del accionar criminal de las disidencias de las FARC, autodenominadas “Estado Mayor Central” (EMC).

“Inclusive se han presentado enfrentamientos con el Estado Mayor Central en estos departamentos, a pesar del cese. Porque cuando hay una operación de Fuerzas Militares, por ejemplo, contra la extorsión, y hay una reacción, pues naturalmente se produce un combate sin que se pueda afirmar que por esa razón las Fuerzas Militares han violado el cese”, explicó Velásquez.

De acuerdo con el ministro, más de 100 combates se han registrado entre la Fuerza Pública y los irregulares del EMC desde que el gobierno de Gustavo Petro suspendió el cese al fuego bilateral el pasado 1 de enero.

Velásquez reveló que, para contrarrestar esta ola de violencia, “las Fuerzas Militares tienen dispuesta la conformación de dos batallones terrestres” que serán desplegados en Huila y Tolima.

El encuentro “contó con presencia de las autoridades civiles de la región y comandantes regionales de Fuerza Pública” para definir acciones contra el incremento en los delitos de extorsión y la nueva estructura criminal anunciada por el EMC.

“Frente al crecimiento en las cifras del delito de extorsión, el ministro detalló que se dan por cuenta del aumento en las actividades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra las finanzas ‘criminales derivadas, especialmente, del narcotráfico y la extracción ilícita de minerales’”, señaló la cartera.

Velásquez advirtió que estas organizaciones han recurrido a “la búsqueda de nuevas fuentes ilegales de financiamiento como la extorsión”, afectando a comunidades de todos los niveles económicos.

“Estas organizaciones están afectando a las comunidades en general, sin distingo de condición económica. Porque desde los más pobres, que realizan cualquier actividad, hasta las empresas más importantes, se han venido viendo afectadas por esa práctica criminal”, sentenció.

Por ello, se buscará “incrementar las actividades de Inteligencia” y articular con la Fiscalía “a fin de fortalecer el trabajo de los grupos Gaula y demostrar mejores resultados contra las estructuras vinculadas a esta forma de criminalidad”.

Aunque gobernadores y alcaldes solicitaron levantar el cese con el EMC, el ministro aclaró que “es una decisión exclusiva del Presidente de la República. El Presidente determina cuando hay cese, y cuando no hay cese”.