La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre varios de los procesos judiciales que han marcado su gestión y entregó detalles sobre el estado de investigaciones como las de la UNGRD, Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’; Ricardo Roa y el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

La funcionaria también explicó las dificultades que han enfrentado algunos expedientes y las decisiones adoptadas por la Fiscalía frente a las órdenes de captura de integrantes de organizaciones armadas.

Uno de los casos sobre los que entregó mayores detalles fue el de la UNGRD. Camargo explicó que la investigación comenzó por la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira, pero posteriormente permitió establecer, según la Fiscalía, la existencia de una estructura más amplia. El proceso avanzó hasta las acusaciones contra dos ministros y el entonces director del Dapre.

Además, el ente acusador compulsó copias contra 33 congresistas ante la Corte Suprema de Justicia. La fiscal reconoció también que hubo dificultades para expedir las órdenes de captura contra Carlos Ramón González, situación que, según dijo, contribuyó a que el exfuncionario saliera del país.

Sobre ‘Papá Pitufo’, Camargo aclaró que el principal obstáculo ya no está relacionado con la autorización de la extradición. Según explicó, España concedió la extradición en 2024 y Portugal hizo lo propio en 2025, pero el traslado a Colombia continúa pendiente porque Diego Marín presentó una solicitud de asilo en Portugal. Esa petición permanece sin decisión desde mayo de 2025.

La fiscal también negó que un exfuncionario de la UIAF hubiera sido enviado como emisario para ofrecerle beneficios y señaló que existe una investigación por un presunto abuso de autoridad relacionado con esa actuación.

Otro de los expedientes señalados durante la entrevista fue el de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Camargo confirmó que la Fiscalía mantiene tres líneas de investigación: una que ya derivó en una acusación por presunto tráfico de influencias relacionado con un contrato de Hocol; otra relacionada con una posible violación de los topes de financiación electoral; y una tercera que investiga el pago de 40 millones de dólares asociado con la terminación del contrato de Termomorichal.

La investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay también estuvo entre los asuntos centrales. Camargo señaló que los elementos recopilados apuntan a una posible participación de las disidencias de las Farc, aunque precisó que parte de esa información todavía es general y debe ser aterrizada con nuevas evidencias. La Fiscalía mantiene varias líneas para establecer quién ordenó el crimen y cómo se produjo la coordinación de los distintos participantes. La investigación ya ha producido capturas y condenas, mientras el ente acusador continúa indagando la posible responsabilidad de estructuras de mayor nivel.

Camargo también se refirió a alias ‘Calarcá’ y reconoció que la información publicada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol fue utilizada como punto de partida para avanzar en su investigación y reactivar una orden de captura. La fiscal explicó que, cuando esa información se hizo pública, los investigadores todavía adelantaban la extracción y análisis forense de los elementos que posteriormente sirvieron de base para la imputación.

En materia de crimen organizado, la fiscal explicó que la reactivación de órdenes de captura tras el cierre de algunos procesos de diálogo permitió avanzar contra integrantes de estructuras como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Según sus cifras, durante 2026 la Fiscalía ha ejecutado 1.375 órdenes de captura a través de la delegada contra el crimen organizado y otras 4.900 relacionadas con seguridad territorial. En septiembre, además, la entidad reactivó órdenes contra tres representantes del Clan del Golfo que habían sido suspendidas durante los espacios de diálogo con el Gobierno.

Finalmente, Camargo habló del proceso contra Nicolás Petro y negó haber interferido en su desarrollo. Explicó que cuando asumió la Fiscalía el expediente ya estaba en juicio y que actualmente permanece en etapa preparatoria, pendiente de una decisión del Tribunal de Barranquilla sobre las pruebas que serán practicadas. Según la fiscal, la demora responde a factores relacionados con la agenda judicial y la estrategia de litigio de la defensa y la Fiscalía, y no a una intervención de su despacho.