La Corte Constitucional de Colombia avocó conocimiento y comenzó el estudio de control de constitucionalidad de ocho decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco del estado de conmoción interior en el Catatumbo. Estos decretos buscan contener la crisis de orden público y superar las falencias estructurales en la región.

La crisis en el Catatumbo ha generado una situación de emergencia humanitaria, con enfrentamientos entre grupos armados y afectaciones a la población civil. El Gobierno Nacional ha implementado medidas para contener la crisis, pero la situación sigue siendo crítica. En este contexto, la Secretaría Jurídica de la Presidencia defendió la necesidad de los decretos, argumentando que se requiere mayor presupuesto y que las herramientas ordinarias han resultado insuficientes para contener la crisis.

Los ocho decretos expedidos por el Gobierno incluyen medidas para aliviar al sector agropecuario, créditos para campesinos afectados, y medidas para el sector turismo, transporte y producción de alimentos. La Corte Constitucional asignó magistrados ponentes para liderar el análisis de cada decreto y determinar su constitucionalidad.

Además de estos decretos, la Corte Constitucional también recibió otro paquete de siete decretos expedidos por el Gobierno, relacionados con medidas en materia de telecomunicaciones, reajuste en la disposición de dineros del Sistema General de Participaciones y restricciones al uso de productos químicos y combustibles. Estos decretos también serán analizados por la Corte para determinar su constitucionalidad.

Con información de wradio