La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso histórico al acreditar al Canal del Dique como víctima del conflicto armado en Colombia, un territorio marcado por décadas de violencia y sufrimiento. En un acto simbólico celebrado este viernes en Cartagena, la magistrada María del Pilar Valencia reveló detalles cruciales sobre esta decisión sin precedentes.

El reconocimiento surge tras la solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa más de 200 organizaciones étnicas de la región. La magistrada explicó que se recibieron aproximadamente 27 informes que documentan las graves violaciones de derechos humanos en los Montes de María, involucrando a la fuerza pública, agentes estatales y grupos paramilitares.

“En el acuerdo de paz suscrito con las extintas FARC quedó explícitamente establecido un enfoque diferencial étnico que debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto”, señaló Valencia. El Canal del Dique, un cuerpo de agua artificial construido en el siglo XVI por indígenas y esclavos, se ha convertido en lo que la Comisión de la Verdad denominó “el cementerio acuático más grande de Colombia”.

Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, destacó la importancia de este reconocimiento: “El Canal del Dique es un territorio afectado por desaparición forzada, desplazamiento, homicidios y formas de control paramilitar”. La líder comunitaria enfatizó la necesidad de seguir reconociendo los daños causados, incluyendo a las empresas privadas que contribuyeron al sufrimiento de la región.

Pese a la firma del acuerdo de paz en 2016, el territorio continúa enfrentando desafíos. Valencia advirtió sobre las persistentes amenazas a las comunidades, subrayando que algunas víctimas ya cuentan con medidas de protección estatales.

En un emotivo acto simbólico, representantes de 20 municipios tocaron tambores y vertieron aguas traídas de diferentes partes sobre la bahía de Cartagena, reafirmando la resiliencia de las comunidades afrodescendientes que habitan esta región.