La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer las identidades de 1.934 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, cometidas por agentes del Estado entre 2002 y 2008. Este anuncio, realizado el pasado 28 de noviembre, se enmarca en el caso 03 de la jurisdicción, que investiga estos crímenes como parte de su mandato de justicia transicional.

El número de 6.402 víctimas, previamente mencionado por la JEP como el total de casos documentados mediante cruces de datos, ha generado un fuerte debate político. La cifra ha sido cuestionada por sectores opositores que argumentan falta de sustento y precisión en los registros.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo protagonizó recientemente una polémica al desestimar un acto simbólico organizado por la Asociación de Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo). Durante este acto, se colocaron botas de caucho en la Plaza Núñez como símbolo de los jóvenes asesinados. Polo Polo arrojó las botas a la basura, calificando el gesto como una “manipulación de cifras” y asegurando que el número de 6.402 casos no está plenamente comprobado.

La JEP explicó que la publicación parcial de los nombres obedece a razones de seguridad para las familias de las víctimas y a la necesidad de garantizar la integridad de las investigaciones. Según el magistrado Giovanni Álvarez Ramelli, el listado se basa en nombres, documentos de identidad y lugares donde ocurrieron los hechos, pero aún faltan verificaciones procesales para completar el registro.

“Seguimos en la fase de contrastación de información para asegurar la precisión y la seguridad de los datos”, afirmó Álvarez Ramelli.

Respuestas de las víctimas y sectores políticos

Las Madres de Soacha rechazaron enérgicamente las acciones y declaraciones de Polo Polo, calificándolas como una falta de respeto hacia las víctimas. “Estas botas no son basura, son el símbolo de nuestros hijos asesinados por el Estado”, expresó una de las madres durante un acto en Bogotá.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, bajo cuyo Gobierno se registraron la mayoría de estos crímenes, cuestionó a la JEP por referirse a los falsos positivos como una “política de Estado”. Uribe sostuvo que, aunque estos hechos son condenables, no deben confundirse con una directriz estatal.

La JEP ha imputado hasta la fecha a ocho altos mandos militares, incluido el general Mario Montoya, en relación con las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, para las víctimas y organizaciones de derechos humanos, el avance es significativo pero insuficiente.

El debate sobre la cifra de 6.402 sigue latente, con voces que la consideran un símbolo de la magnitud del fenómeno y otras que cuestionan su validez. La JEP se encuentra en una encrucijada entre satisfacer las demandas de verdad de las víctimas y responder a las críticas de sectores que exigen mayor precisión en los datos.