El nuevo sistema, aplicable a más de 30 millones de colombianos, busca alinear las tarifas con costos reales, mejorar la calidad del servicio y garantizar la sostenibilidad del sector.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dio a conocer este martes la Resolución CRA 1032 del 24 de marzo de 2026, que establece un nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado en todo el país. La medida, enfocada en grandes prestadores urbanos —aquellos con más de 5.000 suscriptores—, impactará directamente a más de 30 millones de personas, cerca del 60% de la población colombiana.

Este cambio regulatorio redefine la forma en que se calculan las tarifas, incorporando criterios técnicos, financieros y ambientales para garantizar que los cobros reflejen costos reales, verificables y asociados a la prestación efectiva del servicio. La norma busca equilibrar el acceso universal al agua potable y al saneamiento básico con la viabilidad financiera de las empresas prestadoras.

Tarifas basadas en calidad, eficiencia y sostenibilidad

A partir de ahora, las tarifas deberán considerar variables clave como la continuidad del suministro, la calidad del agua, la eficiencia operativa, la cobertura y el impacto ambiental. El nuevo modelo incentiva la reducción de pérdidas en las redes, el mantenimiento de infraestructura y la inversión en tecnologías que mejoren la gestión del recurso hídrico.

Además, las empresas podrán incluir en sus estructuras tarifarias costos asociados a inversiones obligatorias en protección ambiental, siempre que estén debidamente justificados y aprobados por la autoridad regulatoria. Esto incluye proyectos para la preservación de fuentes hídricas, tratamiento de aguas residuales y adaptación al cambio climático.

“Este marco no solo busca transparencia en los cobros, sino también impulsar una gestión más responsable del agua”, afirmó el ministro de Vivienda, quien destacó que la medida fortalece la rendición de cuentas y el control sobre el uso de los recursos públicos.

Un enfoque territorial y flexible

La normativa reconoce las diferencias entre regiones y establece un esquema regulatorio adaptable a condiciones técnicas, económicas y operativas locales. Esto permitirá a alcaldías y gobernaciones contar con una herramienta de planeación estratégica para cerrar brechas de cobertura y mejorar la calidad del servicio, especialmente en ciudades con alta densidad poblacional.

El nuevo modelo también introduce exigencias más rigurosas en materia de gestión: las empresas deberán presentar planes de inversión, reportar el estado de sus activos y rendir información periódica a las autoridades. Esto facilitará un seguimiento más eficaz por parte de entes de control como la CRA y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Cinco años de construcción técnica y social

La formulación de este marco tarifario fue el resultado de un proceso técnico que superó los cinco años y contó con más de 1.600 aportes de usuarios, prestadores, entidades territoriales, universidades y organizaciones del sector. Durante la consulta pública, se analizaron impactos financieros, necesidades de inversión y escenarios de sostenibilidad.

“Escuchamos a todos los actores del sector. Este no es un cambio impuesto, sino construido con base en evidencia y diálogo”, señaló un alto funcionario del Ministerio. El documento final incorpora ajustes clave derivados de esas contribuciones, especialmente en temas de protección de usuarios vulnerables y transición energética.

Retos del futuro: crecimiento urbano y cambio climático

El marco también aborda desafíos emergentes como el crecimiento acelerado de las ciudades, la escasez hídrica y la eficiencia energética en los sistemas de bombeo y tratamiento. Las señales tarifarias deberán incentivar el uso eficiente del agua y apoyar la resiliencia de los servicios frente a fenómenos climáticos extremos.

Con esta medida, el Gobierno busca no solo modernizar el sector, sino también garantizar el derecho al agua en condiciones de equidad y sostenibilidad. Las empresas tendrán un plazo definido para adaptar sus estructuras tarifarias, bajo supervisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).