La polémica en torno al presidente Gustavo Petro se intensifica tras las revelaciones del New York Times sobre investigaciones preliminares en cortes federales de Estados Unidos que sugieren posibles nexos entre el mandatario y redes de narcotráfico. Aunque aún no hay acusaciones formales, el señalamiento ha generado un debate nacional e internacional, con figuras políticas como el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, apuntando directamente a un presunto vínculo: el alias Calarcá, líder de las Disidencias de las Farc.

Investigaciones en EE.UU. y posibles testigos clave

Según el informe del New York Times, las indagaciones en cortes federales estadounidenses —con apoyo de agencias como la DEA— exploran si la estrategia de “paz total” del Gobierno habría servido como canal para contactar a actores del narcotráfico, incluyendo redes internacionales. Aunque estos procesos aún no derivan en cargos formales, el uso de testimonios de convictos bajo la Regla 35 (que reduce penas a cambio de cooperación) añade presión al caso.

Entre los posibles testigos destacan figuras extraditadas, como Pipe Tuluá (Andrés Felipe Marín), jefe de “La Inmaculada”, o Falcon (Juan José Valencia Zuluaga), socio del Clan del Golfo, quien habría pagado cerca de $500 millones para evitar su extradición y ser incluido en la “paz total”. Sin embargo, su condena a 14 años en 2022 y la extradición de Tánatos (Jesús Berdugo Chávez) en 2023 complican su versión.

Rendón acusa: “Alias Calarcá es el enlace con Petro”

El gobernador Rendón, en un duro pronunciamiento, señaló que el presunto vínculo entre Petro y el narcotráfico pasaría por Calarcá, líder de las Disidencias de las Farc en Antioquia. Según Rendón, la liberación de Calarcá y otros miembros de su grupo horas después de su captura —por orden de la Fiscalía— refleja una “debilitación del Estado” y una posible entrega de inteligencia a estructuras ilegales.

“El Gobierno ha pretendido arrodillar al Estado colombiano frente a esta estructura criminal”, declaró Rendón, quien también cuestionó la legitimidad de la “paz total” como mecanismo para negociar con grupos armados. “Para atacar a Antioquia están siempre listos; pero, para perseguir a los verdugos de nuestro pueblo, miran con complicidad hacia otro lado”, añadió.

Petro rechaza las acusaciones y defiende su gestión

Ante las revelaciones, el presidente Petro ha negado categóricamente cualquier vínculo con el narcotráfico, asegurando que dedicó años a denunciar estos nexos en la política tradicional. Desde la Casa de Nariño, se insistió en que no existe ninguna investigación formal en su contra dentro de Colombia, mientras la embajada en Washington tachó las insinuaciones de “carentes de fundamento legal”.

Sin embargo, el caso adquiere mayor relevancia en Antioquia, región azotada por la violencia de las Disidencias: homicidios, extorsiones, narcotráfico y reclutamiento forzado. Rendón criticó la desconexión entre la gravedad de la situación y la respuesta del Gobierno, exigiendo transparencia en los hallazgos de inteligencia incautados durante operaciones contra estos grupos.

Mientras el debate se extiende, la presión internacional —especialmente desde EE.UU.— podría profundizar las investigaciones. La posible llamada a declarar de figuras como Falcon o Tánatos podría ser clave, aunque su credibilidad como testigos ha sido cuestionada. Por ahora, el Gobierno mantiene su postura de negación, pero el fantasma de los vínculos con el narcotráfico sigue acechando a Petro en un contexto de alta polarización política.