El exmandatario colombiano Gustavo Petro rechazó de manera categórica las acusaciones formuladas por Deicy Jiménez en una entrevista con la revista SEMANA, en las que la joven aseguró la existencia de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales con el entonces congresista y posterior presidente de la República.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el expresidente negó haber utilizado su posición política ni el poder público para obtener relaciones sexuales y aseguró que jamás ha condicionado la entrega de contratos a ese tipo de intercambios. “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”, afirmó en el documento, en el que también rechazó las versiones que lo vinculan con beneficios estatales por favores de carácter íntimo.

Petro cuestionó la publicación de SEMANA y sostuvo que las preguntas sobre su vida privada hacen parte de una operación que, según su versión, estaría impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y contaría con recursos económicos. El exmandatario señaló que, tras las acusaciones previas sobre presuntos hechos de corrupción y narcotráfico —que tampoco habrían sido respaldadas con pruebas—, ahora se busca indagar sobre aspectos de su vida íntima.

En su pronunciamiento, el líder político también hizo referencia a una versión previa sobre la supuesta búsqueda de personas en el barrio Santa Fe, en Bogotá, para que entregaran declaraciones en su contra. De acuerdo con lo expresado por Petro, varias camionetas habrían contactado a mujeres trans para ofrecerles dinero a cambio de testimonios que lo involucraran.

Uno de los puntos centrales del comunicado es la diferenciación que el exmandatario hizo entre los señalamientos de Jiménez y los programas sociales dirigidos a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Petro explicó que durante su trayectoria en la administración pública impulsó iniciativas para apoyar a mujeres de bajos ingresos, madres cabeza de hogar y mujeres que ejercen el trabajo sexual, con el propósito de ofrecerles alternativas laborales y educativas.

En ese contexto, insistió en que la implementación de políticas públicas para esta población no debe confundirse con la presunta entrega de contratos a cambio de relaciones sexuales, conducta que negó haber cometido en cualquier circunstancia. Según afirmó, las mujeres del estrato uno fueron el grupo social más beneficiado por sus políticas económicas y sociales, y aseguró que sus ingresos reales aumentaron un 41 % durante su Gobierno, cifra que el comunicado no acompaña con soportes verificables.

El exmandatario también se refirió a sus relaciones personales y a su postura frente a la libertad sexual. Afirmó que no critica a las personas por su orientación sexual y que cualquier relación debe desarrollarse sin vulnerar los derechos de los involucrados. Además, reconoció que cuando era joven visitó ocasionalmente lugares donde se ejercía el trabajo sexual, pero aseguró que dejó de hacerlo hace décadas, experiencias que, según escribió, lo llevaron a cuestionar el pago por sexo.

Petro sostuvo que la sexualidad debe estar basada en la libertad y que no puede utilizarse para someter a otra persona ni vulnerar sus derechos. En su pronunciamiento también defendió la necesidad de mantener coherencia entre los principios promovidos en la vida pública y el comportamiento privado.

En la entrevista con SEMANA, Deicy Jiménez afirmó que conserva pruebas que respaldarían parte de sus afirmaciones, incluidos señalamientos sobre presuntos episodios relacionados con drogas. La joven manifestó, además, que algunas de las mujeres mencionadas continuarían vinculadas a entidades públicas. Estos señalamientos corresponden a su versión y no deben presentarse como hechos comprobados sin evidencia que los respalde.

El caso se conoce en medio del anuncio del Gobierno Nacional sobre la activación de una ruta institucional de protección para Jiménez, medida coordinada con la Unidad Nacional de Protección (UNP). La eventual intervención de las autoridades deberá permitir establecer si existen elementos para investigar los hechos denunciados, verificar los soportes que la joven asegura tener y determinar las responsabilidades a que haya lugar, sin dar por probadas las acusaciones ni las afirmaciones que Petro hizo en su defensa.