La entidad denunció una campaña de desprestigio basada en desinformación y violencia de género para cuestionar la labor de la magistrada de la JEP.

La Defensoría del Pueblo emitió un contundente pronunciamiento este sábado 24 de octubre, exigiendo la rectificación inmediata de los senadores María Clara Posada (Centro Democrático) y Germán Rodríguez (Salvación Nacional). La solicitud surge tras una serie de señalamientos contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll, los cuales la entidad califica como una campaña de desinformación y violencia de género.

Según la Defensoría, los parlamentarios han difundido contenidos descontextualizados que buscan socavar la integridad de la magistrada. La institución denunció que la controversia ha trascendido el debate jurídico para convertirse en ataques personales, utilizando estereotipos de género para desacreditar su profesionalismo.

Uno de los puntos más críticos señalados por la Defensoría es la circulación de afirmaciones que sugieren supuestos vínculos sentimentales entre Lemaitre y antiguos integrantes de las Farc. La entidad calificó estas insinuaciones como falsas y advirtió que recurrir a la vida privada de una mujer para invalidar su capacidad judicial es una forma de violencia que busca desplazar el análisis técnico hacia la estigmatización.

El rigor judicial de Julieta Lemaitre

Para contrastar las acusaciones de “complicidad”, la Defensoría recordó la trayectoria y los resultados procesales del despacho de la magistrada. Lemaitre ha liderado investigaciones clave dentro de la JEP, destacando:

• Imputaciones: Ha emitido nueve autos de imputación contra 74 excomandantes de las Farc.
• Delitos investigados: Sus procesos incluyen secuestros, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.
• Impacto en el Caso 01: Sus investigaciones han sido fundamentales para las condenas impuestas por el Tribunal para la Paz contra miembros del antiguo Secretariado de las Farc.

La entidad enfatizó que el uso de fragmentos aislados de audiencias judiciales, sin explicar su contexto procesal, constituye una herramienta de manipulación que no solo afecta a la funcionaria, sino que puede generar una revictimización de quienes sufrieron los delitos investigados.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue enfática al señalar que, si bien los congresistas tienen la facultad de ejercer control político y cuestionar las decisiones de la JEP, este ejercicio debe realizarse bajo criterios de responsabilidad pública.

“El país tiene todo el derecho a debatir el presente y el futuro de la JEP… Sin embargo, ese debate debe darse con argumentos, información verificable y respeto por la separación de poderes, no mediante la desinformación ni los ataques personales”, sentenció la Defensoría.

Finalmente, la institución instó a los senadores a abstenerse de compartir contenidos que promuevan la violencia digital, advirtiendo que este tipo de agresiones comprometen la salud, la seguridad y el ejercicio profesional de las mujeres en cargos de alta responsabilidad pública.