La Defensoría del Pueblo informó que en Colombia hay actualmente once focos de emergencia humanitaria debido al incremento de la presencia y confrontación entre al menos diez grupos armados ilegales. La situación ha generado desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios y restricciones al acceso de bienes básicos en varias regiones del país.

Según la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, los enfrentamientos entre organizaciones ilegales han agravado la crisis humanitaria en diferentes territorios. Entre los grupos identificados están:

– ELN
– Clan del Golfo
– Disidencias de alias Mordisco y Calarcá Córdoba
– Shottas y Espartanos
– Comuneros del Sur
– Frente 57 Jair Bermúdez
– Comandos de Frontera
– Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
– Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

“Durante lo que va corrido del 2025 hemos evidenciado que los reacomodos, fraccionamientos y expansiones, así como las rupturas y pactos de coexistencia entre los grupos armados, han provocado graves afectaciones a la población civil”, afirmó Marín Ortiz.

Crisis en el Chocó y otras regiones

Uno de los principales focos de preocupación es el departamento del Chocó, especialmente en la subregión del San Juan, donde desde el 4 de febrero se han registrado enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, que buscan controlar el territorio.

Como consecuencia de estos combates, al menos 1.600 personas han sido afectadas por desplazamientos masivos y confinamientos. La situación es particularmente grave para el pueblo indígena Wounaan, que enfrenta serias restricciones a su movilidad y acceso a recursos básicos.

Otras regiones en alerta por el accionar de los grupos ilegales incluyen:

– Nariño
– Cauca
– Pacífico vallecaucano
– Norte y nordeste de Antioquia
– Bajo Cauca
– Sierra Nevada
– Serranía del Perijá
– Magdalena Medio
– Arauca
– Meta y Guaviare
– Sur de Córdoba
– Buenaventura
– Tolima

Grupos ilegales controlan el 73 % de los municipios

La Defensoría también advirtió sobre la creciente expansión del Clan del Golfo y otras estructuras ilegales, las cuales han logrado influir en el 73 % de los municipios del país.

A pesar de este panorama, Marín Ortiz aseguró que el país cuenta con las instituciones necesarias para enfrentar el avance de los grupos armados y proteger a las comunidades.

“Por muy crudo y delicado que sea este panorama, nuestro país cuenta con las instituciones necesarias y con la capacidad suficiente para enfrentar el avance de los grupos armados y dar garantías a las comunidades, dando paso a la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”, concluyó.

Ante la creciente crisis humanitaria, la Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad, aumentar la presencia estatal en las zonas afectadas y garantizar la protección de la población civil.

Las autoridades y organismos de derechos humanos siguen monitoreando la situación en los territorios en conflicto, mientras se esperan medidas concretas para frenar la expansión de los grupos armados y mitigar los efectos en las comunidades.