La crisis en el Catatumbo continúa agravándose, y según la Defensora del Pueblo, Iris Marín, la situación era previsible debido al crecimiento de los grupos armados en la región. Durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Representantes, Marín explicó que desde hace meses la Defensoría ha emitido alertas tempranas sobre el deterioro de la seguridad en Norte de Santander, especialmente tras la ruptura de los acuerdos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

Durante su intervención, Marín señaló que la Defensoría del Pueblo ha venido monitoreando el avance de los grupos armados en el Catatumbo mediante su sistema de alertas tempranas. Según la funcionaria, la escalada del conflicto se intensificó tras la ruptura de los pactos entre las estructuras armadas ilegales, lo que desencadenó enfrentamientos violentos y una crisis humanitaria de gran magnitud.

“Esta situación se veía venir, y hemos estado advirtiendo sobre el aumento de la presencia de estos grupos y la consecuente amenaza para la población civil”, afirmó la Defensora del Pueblo. Además, aseguró que el Gobierno ha estado tomando medidas para evitar que la crisis se desborde aún más, aunque la magnitud del problema sigue siendo preocupante.

Uno de los aspectos más alarmantes mencionados por Marín fue el impacto del conflicto en la población civil. De acuerdo con los registros de la Defensoría, más de 49.000 personas han sido desplazadas en el Catatumbo debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Asimismo, más de 28.000 ciudadanos permanecen confinados en sus hogares, sin acceso a servicios básicos ni posibilidades de movilidad, lo que ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en la región.

La funcionaria recordó que esta emergencia representa uno de los mayores desplazamientos forzados en Colombia desde 1997, lo que evidencia la gravedad del conflicto y la necesidad de una respuesta inmediata por parte del Estado.

Ante este panorama, Marín subrayó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro evalúa la posibilidad de retomar el diálogo con los grupos armados, con el objetivo de frenar la violencia en el Catatumbo. No obstante, dejó claro que cualquier acercamiento deberá contar con pruebas concretas de la disposición de estos actores para cesar el conflicto.

“La paz no puede ser una imposición, sino un compromiso real. Se necesitan garantías claras de que las estructuras armadas están dispuestas a detener sus acciones violentas y a participar en un proceso serio de negociación”, concluyó la Defensora del Pueblo.