Reporteros Sin Fronteras (RSF) reveló en su Balance Anual 2024 que Colombia se posiciona como el segundo país más peligroso para el periodismo en el continente americano, con tres periodistas asesinados en lo que va del año.

El informe destaca los homicidios de Jaime Vásquez, un veedor acribillado el 14 de abril en Cúcuta, y Mardonio Mejía Mendoza, director de radio comunitaria, asesinado el 24 de enero en San Pedro, Sucre. Un tercer caso, el de Steven Andrés Fajardo, director de Triunfadora Stereo, no fue incluido en el balance oficial.

Artur Romeu, director de RSF para América Latina, enfatizó la gravedad de la situación: “Colombia es uno de los países más peligrosos del continente para el periodismo”. La organización señala que la cobertura de temas como medio ambiente, conflictos armados y corrupción expone a los profesionales a constantes riesgos.

A nivel mundial, el informe documentó 54 periodistas asesinados en 17 países. Colombia comparte la cifra de dos homicidios con Ucrania y Líbano, aunque se encuentra por debajo de países como Palestina, con 16 muertes, y Pakistán, con siete.

Un dato preocupante es que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha registrado 168 asesinatos de periodistas en Colombia desde 1938 hasta abril de 2024, con tres de ellos ocurridos en el presente año.

Casos emblemáticos

En el caso de Jaime Vásquez, las autoridades ya tienen un avance judicial: Gustavo Alexander Corredor Torres, alias ‘El Enano’, confesó su participación en el homicidio. El crimen fue atribuido al grupo criminal Ak-47.

RSF ha hecho un llamado enfático a las autoridades colombianas para esclarecer estos crímenes, especialmente el de Steven Fajardo, subrayando la necesidad de investigar la profesión de la víctima como un móvil prioritario.

La situación refleja un panorama complejo para el periodismo en Colombia, donde la libertad de prensa continúa siendo un desafío importante para la democracia del país.

Un dato histórico revelador: entre 2017 y 2021, Colombia ya había sido epicentro de 15 asesinatos de periodistas, lo que evidencia un problema estructural de larga data en la protección de los profesionales de la comunicación.