La transición energética de Colombia sufrió un duro golpe esta semana tras confirmarse la cancelación definitiva de dos parques eólicos considerados estratégicos para el país. EDP Renewables (EDPR) anunció la subasta pública de todos los materiales adquiridos en 2021 para la construcción de los proyectos Alpha y Beta, que estaban destinados a convertirse en dos de las iniciativas eólicas más importantes del territorio colombiano.

Los megaproyectos, que prometían generar energía suficiente para abastecer a 823.000 viviendas, quedaron paralizados después de que la empresa determinara en diciembre de 2024 que “estos proyectos no cumplen con los criterios de inversión y perfil de riesgo de la compañía”, descartando así realizar las inversiones necesarias para su culminación.

La planificación de Alpha y Beta comenzó en 2019, con fechas previstas de operación para 2023 y 2024, respectivamente. Sin embargo, diversos factores han llevado al estancamiento de estas obras en La Guajira, región que se perfilaba como epicentro de la transición energética colombiana.

Entre las principales dificultades señaladas por EDPR y otras empresas del sector figuran problemas regulatorios y retrasos significativos en la construcción de las líneas de conexión necesarias para distribuir la energía al resto del país.

Paralelamente, organizaciones como Indepaz han documentado conflictos sociales en varios proyectos eólicos de La Guajira, donde se han registrado tensiones entre empresas y comunidades wayuu que han desembocado en bloqueos y paralizaciones.

Claro Cotes, abogado y consultor jurídico de Holland & Knight, firma que ha asesorado a empresas de energías renovables, señala que existen importantes obstáculos en la obtención de permisos ambientales y sociales necesarios para iniciar la construcción.

En Colombia, los proyectos que superan los 50 megavatios —Alpha y Beta aspiraban a generar 500— requieren autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo que implica realizar consultas previas con las comunidades del área de influencia.

Joanna Barney, investigadora de Indepaz, ha identificado problemas estructurales en estos procesos. En el caso específico de Beta, documentó un conflicto donde las compensaciones se acordaron con autoridades reconocidas por entidades gubernamentales locales, pero sin legitimidad ante los miembros de la comunidad wayuu, cuyos clanes se distribuyen por todo el departamento.

El Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI) confirmó en 2023 que este problema es recurrente en La Guajira, donde las empresas negocian con “autoridades tradicionales” registradas oficialmente pero no reconocidas como legítimas por las comunidades.

Ante la creciente amenaza de fuga de inversiones, el Ministerio de Minas y Energía emitió el miércoles la resolución 40140, que permite a las empresas solicitar extensiones de plazo para la entrada en operación cuando enfrentan problemáticas relacionadas con terceros, evitando así sanciones económicas.

Sin embargo, tanto Cotes como Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia (agremiación de empresas de energías renovables), coinciden en que, aunque la medida va en la dirección correcta, resulta insuficiente frente a la “incertidumbre jurídica” que enfrentan los proyectos.

“Es importante seguir trabajando en darle prioridad a que los trámites de permisos para los proyectos se cumplan en los tiempos que dicen las normas”, afirmó Hernández, señalando que mientras la ley establece 120 días para la aprobación de licencias ambientales, el proceso se ha extendido por varios años en proyectos eólicos.

El exministro Andrés Camacho había sugerido como alternativa buscar que nuevas empresas adquieran los proyectos abandonados, pero desde Indepaz advierten que esta solución no es simple de implementar.

“Los problemas de estos proyectos no son tan fáciles de solucionar porque están ligados al relacionamiento inicial de la empresa con la comunidad”, explica Barney, quien agrega que existen problemas estructurales en La Guajira, como el acceso al agua potable, que deben resolverse para permitir procesos de concertación “sanos” entre comunidades y empresas.

 

 

 

Con información de el espectador