El departamento del Huila enfrenta una situación crítica debido al colapso de un puente y las intimidaciones de grupos armados ilegales, lo que ha generado graves afectaciones en la movilidad y la seguridad de los habitantes de la región.

En el municipio de Colombia, un puente clave que conecta a más de 7.000 residentes con el resto del departamento y el país se vino abajo debido a las intensas lluvias y el desbordamiento de la quebrada La Legiosa. Fabián Alexander González, concejal local, describió la magnitud del problema: “Este puente es crucial para el proyecto de unir el municipio con La Uribe en el Meta. A pesar de las múltiples solicitudes de intervención temprana ante las autoridades departamentales para reparar los daños causados por las lluvias, parece que estas no han prestado suficiente atención al problema”.

La caída del puente Santana ha dejado a estudiantes, agricultores y comerciantes en una situación de aislamiento, obligándolos a realizar largas caminatas para acceder a la escuela o vender sus productos. Andrés Camilo Cabrera Leiva, secretario de la localidad, ha encabezado esfuerzos para mitigar los efectos de las lluvias, pero la situación en el puente Santana sigue sin resolverse.

“Los residentes esperan una mayor atención por parte del gobierno departamental, ya que se sienten abandonados en esta crisis. Además de las dificultades económicas para los comerciantes y agricultores, la comunidad ha sufrido interrupciones significativas en su movilidad y acceso a servicios básicos”, afirmó un representante de la comunidad.

 

Amenazas de las disidencias

Mientras tanto, en otros municipios del Huila, como La Argentina y La Plata, la tranquilidad de los habitantes se ha visto perturbada por las intimidaciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este grupo armado ilegal, liderado por alias Jhonier Martínez del bloque Jaime Martínez del Estado Mayor Central, ha impuesto un toque de queda en estas localidades, sumando una población afectada de 94.000 habitantes.

“Un sujeto de nombre Jhonier Martínez ordena un toque de queda especialmente en los centros poblados de Belén Gállego y Villa Losada, así como en algunas veredas y corregimientos de esta región”, denunciaron habitantes de La Plata, quienes también han sido víctimas de extorsiones y homicidios.

Las advertencias han sido difundidas principalmente mediante mensajes de audio, en los que se reiteran restricciones de movilidad nocturna a partir de las 7:00 p.m. Además, se han impartido órdenes concretas que afectan actividades comerciales y comunitarias en estos cascos urbanos, generando temor y alterando gravemente el orden social en la región.

Ante esta situación crítica, las autoridades locales y departamentales se encuentran en una carrera contra el tiempo para restablecer la conectividad vial y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La reparación del puente Santana se estima en alrededor de $3.000 millones, el doble de su costo de construcción original, lo que refleja la magnitud del desafío económico.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad del Estado enfrentan el reto de contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales y restablecer el orden público en los municipios afectados. La presencia de estas estructuras criminales no solo pone en riesgo la vida de los ciudadanos, sino también la estabilidad económica y social de la región.

En medio de esta crisis, la voz de los habitantes del Huila clama por una intervención oportuna y efectiva de las autoridades para solucionar los problemas de infraestructura y seguridad. La situación ha puesto en evidencia las carencias y desafíos que enfrenta el departamento, y ha resaltado la urgencia de fortalecer la presencia institucional y los programas de desarrollo en estas zonas vulnerables.