La plenaria del Senado de Colombia ha dado luz verde a la esperada reforma pensional propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. Este paso crucial en el proceso legislativo ha sido marcado por intensos debates y negociaciones, destacándose puntos álgidos como el umbral de cotización en Colpensiones, la administración del fondo de ahorro y la vigencia del proyecto.

Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es la reducción del umbral de cotización en Colpensiones, pasando de tres salarios mínimos a 2,3 salarios. Este cambio, que fue uno de los puntos de mayor controversia, ha sido finalmente aprobado en el Senado, lo que representa un ajuste significativo en el acceso a la seguridad social para los colombianos.

Otro punto clave es la administración del fondo de ahorro, que estará a cargo del Banco de la República en lugar de Colpensiones. Esta medida, aunque ha generado críticas desde la oposición, busca garantizar una gestión más eficiente y transparente de los recursos destinados a la jubilación de los ciudadanos.

En cuanto a la vigencia del proyecto, se ha establecido que entrará en vigor a partir de julio de 2025, lo que determinará su aplicación durante al menos 40 años. Esta decisión es crucial, ya que define el momento en que la reforma comenzará a regir y su impacto en el futuro del sistema de pensiones en Colombia.

¿Cómo se logró la aprobación de la reforma en el Senado? Desde la Casa de Nariño se desplegó una estrategia dirigida especialmente a dos bancadas clave: el Partido de la U y el Partido Liberal. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el propio presidente Gustavo Petro mantuvieron conversaciones privadas con miembros de estas bancadas para asegurar su respaldo al proyecto.

Uno de los acuerdos más destacados fue la reducción del umbral de cotización en Colpensiones, una medida que fue respaldada públicamente y que representa un avance significativo en la ampliación del acceso a la seguridad social en el país.

Sin embargo, la reforma aún enfrenta desafíos y críticas desde la oposición. Se ha cuestionado el uso de los recursos del ahorro de los trabajadores para subsidiar al Estado, así como el impacto que podría tener la reducción de las semanas de cotización para las mujeres en sus futuras pensiones.