La Asamblea Departamental de Antioquia ha generado una intensa controversia tras aprobar el proyecto de ordenanza número 59, que establece una nueva tasa de seguridad ciudadana, con 14 votos a favor y 10 en contra, provocando reacciones divididas entre las principales autoridades regionales.

El gobernador Andrés Julián Rendón defendió enfáticamente la iniciativa, asegurando que “cada peso de la contribución a la seguridad será invertido en la dignidad y operatividad de nuestros soldados y policías”. En sus declaraciones, criticó al gobierno de Gustavo Petro por “abandonar” a las fuerzas de seguridad y manifestó su compromiso de no quedarse “cruzado de brazos” ante la situación de la región.

En contraste, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se mostró abiertamente en desacuerdo con la medida. “No puedo estar de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas”, declaró el mandatario, quien además aseguró que como presidente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) no permitirá realizar cobros adicionales.

El impuesto, que será aplicado a los estratos 4, 5 y 6, así como a establecimientos comerciales, busca recaudar $1.2 billones entre 2025 y 2027. Los recursos se destinarán a la adquisición de cámaras de seguridad y al fortalecimiento de capacidades policiales y militares.

El exalcalde Daniel Quintero sumó otra crítica, advirtiendo una posible violación del artículo 148 de la Ley 142, que prohíbe incrementos en facturas de servicios públicos. Incluso solicitó la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Gutiérrez precisó que Medellín ya tiene compromisos significativos en seguridad, con una inversión de “$1,3 billones en fortalecimiento de organismos de seguridad y tecnología”, además de “$150.000 millones en cámaras para los diez municipios del área metropolitana”.