La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta sobre la inminente expulsión de aproximadamente siete mil colombianos de Venezuela, quienes se espera lleguen a los departamentos de Vichada y Guainía.

La Alerta Temprana 003 del 2023, emitida por la Defensoría del Pueblo, advierte sobre los riesgos tanto para la población civil debido a posibles enfrentamientos armados en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas, como para los colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana. Carlos Camargo, defensor del pueblo, enfatizó la preocupación por este éxodo masivo, considerándolo el más grande de las últimas décadas.

Las minas de Yapacana, ubicadas en el Parque Nacional Cerro Yapacana, han sido explotadas en los últimos años, atrayendo a muchos colombianos en busca de sustento económico a pesar de la presencia de grupos armados en la zona.

La Defensoría del Pueblo destaca que los principales centros receptores de población serían las comunidades de los ríos Atabapo y Guainía, el resguardo El Paujil, la ciudad de Inírida, y sus áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe.

Sin embargo, estas localidades no cuentan con las capacidades suficientes para hacer frente a un éxodo de gran magnitud y sus habitantes ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, lo que podría desencadenar una crisis humanitaria.

En respuesta a esta alerta, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que establezca mecanismos de cooperación para investigar posibles violaciones de derechos humanos contra los colombianos. Además, han pedido la apertura de consulados en San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho para brindar apoyo y protección a los connacionales en dichas zonas.