El Tribunal Superior de Bogotá dictó orden de captura y medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía General de la Nación imputó a González tres delitos graves relacionados con el esquema corrupto que habría operado desde la UNGRD. Según el ente investigador, el exfuncionario habría ordenado el pago de sobornos millonarios a congresistas para asegurar el respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno.

Entre los beneficiarios de estos pagos ilícitos se encuentran Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso. Los sobornos, de acuerdo con la investigación, se habrían pactado mediante contratos en la UNGRD, pero fueron entregados en efectivo debido a la supuesta urgencia del trámite.

La investigación reveló que González habría incurrido en peculado por apropiación en favor de terceros, desviando al menos 4.000 millones de pesos de recursos públicos destinados a emergencias. Estos fondos, según los investigadores, fueron utilizados para cubrir los sobornos mediante instrucciones directas que González habría dado al exdirector de la UNGRD, Olmedo López.

El desvío de recursos representó una afectación directa a los fondos destinados a atender necesidades de comunidades vulnerables en zonas con desabastecimiento de agua, comprometiendo la capacidad del Estado para responder a emergencias y desastres naturales.

La Fiscalía también imputó a González el delito de lavado de activos por su participación en la entrega clandestina de dineros ilícitos y maniobras para ocultar su origen. En este esquema participaron terceros que transportaron los recursos en efectivo, como Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla, quienes actualmente colaboran con la justicia.

Según la investigación, González no solo conocía el origen ilegal de los dineros, sino que habría coordinado su movilización con pleno conocimiento del esquema de corrupción que operaba desde las altas esferas del gobierno.

El magistrado Leonel Rogeles Moreno, en un fallo de 63 páginas, avaló los argumentos de la Fiscalía sobre el peligro que representaría González para la comunidad. La decisión judicial lo señala como uno de los presuntos “cerebros” de la estructura criminal que buscó comprar congresistas para favorecer la agenda legislativa del Gobierno.

“Los comportamientos por los cuales se formuló imputación a Carlos Ramón González Merchán revisten una gravedad manifiesta, por el daño que ocasionan a la sociedad y en especial a la administración pública”, señala la decisión judicial.

El magistrado destacó el poder político que ostenta González, quien ha estado vinculado durante varios años con las más altas esferas del Estado. Esta posición de influencia, según el juez, agrava su responsabilidad en el esquema corrupto.

La decisión judicial también se fundamentó en que al menos cinco personas han firmado preacuerdos con la Fiscalía aceptando su responsabilidad en el entramado criminal, lo que demuestra la multiplicidad de actores y la gravedad de las conductas cometidas.

González, quien salió del país y al parecer se encontraría en Nicaragua según informaciones judiciales, representa un riesgo palpable de no comparecencia al proceso, lo que justifica la imposición de la medida de aseguramiento y la orden de captura.

 

 

Con información de bluradio y wradio