En un caso que ha captado la atención nacional, Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, fue enviada a prisión preventiva tras ser vinculada a un presunto esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La medida fue impuesta por una juez de control de garantías en Bogotá luego de analizar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía imputó a Ortiz los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, relacionados con el presunto transporte y entrega de 3.000 millones de pesos en sobornos. La exfuncionaria, quien no aceptó los cargos, habría facilitado reuniones clave entre directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez, para concretar las operaciones ilícitas.

Según la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el esquema habría incluido la entrega de dos maletas con dinero en efectivo, trasladadas en un vehículo oficial.

– Primera entrega: El 12 de octubre de 2023, Ortiz habría recibido 1.500 millones de pesos de manos de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente. Posteriormente, la suma fue llevada al norte de Bogotá y entregada al senador Name Vásquez.
– Segunda entrega: Al día siguiente, en un lugar cercano, Pinilla Álvarez habría entregado una nueva maleta con otros 1.500 millones de pesos a Ortiz, quien presuntamente se encargó de movilizarla al mismo destino.

La juez de control de garantías determinó que la gravedad de los hechos y la presunta influencia de la exconsejera justifican su detención preventiva en una guarnición militar, garantizando su seguridad mientras avanza el proceso judicial.

La decisión responde al riesgo que, según la Fiscalía, representaría Ortiz en libertad, por la posible manipulación de evidencia o interferencia en el proceso.

Un caso que expone la corrupción en altos niveles

Este caso pone de relieve las investigaciones en torno al desvío de recursos públicos y el uso indebido de influencias en la gestión de contratos estatales. La UNGRD, un organismo encargado de la gestión de emergencias y desastres en el país, ha estado bajo escrutinio por irregularidades administrativas y corrupción.

Los señalamientos contra Sandra Ortiz Nova apuntan a su presunta participación activa en un entramado que buscaba favorecer a altos funcionarios y políticos mediante el desvío de fondos públicos.

Con la detención de Ortiz, la Fiscalía continuará recolectando pruebas y testimonios para sustentar su caso ante los tribunales. Por su parte, la defensa de la exconsejera ha rechazado las acusaciones, señalando la falta de pruebas concluyentes que vinculen directamente a su cliente con las actividades ilícitas.

De ser hallada culpable, Ortiz enfrentaría severas sanciones, incluyendo penas de cárcel significativas por los delitos imputados.