Una grave escalada de violencia en Cúcuta y el departamento de Norte de Santander encendió las alarmas de los sectores políticos y la Fuerza Pública, tras confirmarse el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de la capital fronteriza. El dirimente político fue interceptado y atacado con armas de fuego en un corredor vial de la zona bajo la modalidad de sicariato, hecho que reabrió la discusión nacional sobre el deterioro de la seguridad ciudadana y la presencia de organizaciones criminales en la frontera con Venezuela.

Durante el espacio de análisis El Debate de la revista Semana, líderes políticos de diversas bancadas expusieron las acciones prioritarias que deberá emprender el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para contener la crisis. El exsenador Carlos Fernando Motoa solicitó formalmente la declaratoria del estado de conmoción interior en Norte de Santander, argumentando que el abandono institucional, las secuelas de la política de paz total y la falta de control efectivo sobre el paso fronterizo vulneran de forma sistemática los derechos a la vida, el trabajo y la movilidad de la ciudadanía.

Por su parte, el excongresista Alejandro Carlos Chacón reconoció la complejidad técnica del escenario en la zona limítrofe, respaldando el viraje de la política de seguridad nacional enfocado en respaldar las capacidades operativas de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Sin embargo, los participantes coincidieron en que los tradicionales consejos de seguridad y anuncios de recompensas resultan insuficientes si no se articulan labores profundas de inteligencia militar, mayor pie de fuerza y cooperación estratégica internacional para desarticular las finanzas de las estructuras armadas ilegales que operan en la región.