La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió formalmente una denuncia penal en contra del expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro. El alto tribunal investigará presuntas irregularidades en la contratación pública del Congreso de la República, derivadas de señalamientos que apuntan a que varios cargos habrían sido otorgados como contraprestación por favores sexuales cuando Petro integraba el legislativo.

El expediente fue asignado al despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca. El togado será el encargado de examinar el material probatorio preliminar para definir si existen méritos jurídicos suficientes que justifiquen la vinculación formal de los señalados, la orden de citaciones a versión libre o la apertura de nuevas líneas de instrucción.

El proceso penal se fundamenta en las declaraciones públicas de Deicy Jiménez, quien sostuvo haber sido vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de María José Pizarro bajo recomendación directa de Gustavo Petro. Según el testimonio de la denunciante, esta vinculación laboral se habría pactado a cambio de servicios sexuales prestados al exmandatario.

Los registros contractuales confirman que Jiménez suscribió un contrato por valor de 34 millones de pesos, cuyo objeto estaba orientado a apoyar la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado —cargo ocupado en ese momento por Pizarro— en materias relacionadas con la prevención de las violencias de género.

Frente a la apertura del proceso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, precisó los alcances de la actuación judicial:

“Entiendo que las denuncias que se han hecho son por un tiempo en que fue congresista, eso es de conocimiento de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. Ha llegado una información; habrá que esperar esa información que puede revelar a la persona, al magistrado que le correspondió ese caso, que es el doctor Fonseca”, puntualizó Lenis.

Pese a que la existencia de las órdenes de prestación de servicios a nombre de Jiménez es un hecho verificado en las plataformas públicas, la justicia deberá determinar si existió una relación de causalidad indebida entre dichos nombramientos y las conductas de índole personal denunciadas.

Tras conocerse la decisión del tribunal, María José Pizarro emitió un pronunciamiento público en el que rechazó tajantemente las acusaciones. La exdirigente política aseguró que los señalamientos carecen de fundamento y forman parte de una estrategia orientada a desacreditar su imagen y trayectoria pública, calificando las publicaciones iniciales de «prensa amarillista».

Pizarro defendió su trayectoria en la protección de los derechos de las mujeres, asegurando que «no es negociable» y que jamás respaldaría prácticas contrarias a sus principios. No obstante, en su declaración no detalló los criterios técnicos que sustentaron la incorporación de Jiménez a su equipo de trabajo ni desmintió la existencia del vínculo contractual, aspecto que ahora se encuentra bajo el análisis de las autoridades judiciales.