El escándalo relacionado con Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, presunto contrabandista pedido en extradición a Portugal, sigue revelando nuevos nombres de altos funcionarios que podrían estar vinculados a una red de contrabando de gran magnitud.

Según informaciones recientes, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habría visitado en 2022 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) junto a César Augusto Valencia, identificado como intermediario de “Papá Pitufo”, con el objetivo de solicitar el nombramiento de John Freddy Restrepo Toro como director seccional de Impuestos y Aduanas en Buenaventura.

El entonces director de la Dian y actual ministro de Comercio Exterior, Luis Carlos Reyes, rechazó la solicitud. Posteriormente, según la información divulgada, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, habría ordenado el nombramiento de Gladys Reina Villavicencio en la dirección de la Dian en Buenaventura. Una de sus primeras decisiones fue ascender a Restrepo Toro, quien ya había sido recomendado previamente.

En respuesta a estas revelaciones, Juan Fernando Petro negó que su visita a la Dian tuviera como fin la recomendación de un nombramiento. Afirmó que su presencia se debió a una reunión colectiva con el sindicato “SintraDian” para discutir reconocimientos laborales y que su participación no estaba relacionada con César Augusto Valencia.

El ministro Reyes también indicó que otras figuras políticas le hicieron peticiones similares, señalando en particular a Roy Barreras, ex presidente del Senado y actual embajador de Colombia en Reino Unido. Según Reyes, Barreras le habría entregado hojas de vida para las aduanas de Buenaventura y Cali, acompañadas de un comentario que Reyes interpretó como una presión indirecta.

En respuesta, Barreras negó categóricamente haber influido en la Dian y cuestionó las declaraciones de Reyes, sugiriendo que el ministro debería revelar quiénes eran los recomendados y si finalmente fueron nombrados.

La Fiscalía investiga

La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que Reyes le informó sobre estas solicitudes antes de dejar su cargo en la Dian. Explicó que recomendar funcionarios públicos no constituye un delito en sí mismo, pero aclaró que la existencia de una red ilegal de contrataciones dentro de la entidad sí podría configurar un delito, lo que actualmente es materia de investigación.

Según el Código Penal colombiano, el uso indebido de influencias para obtener beneficios en cargos públicos podría considerarse un acto de tráfico de influencias, aunque serán las autoridades las que determinen si existen elementos suficientes para formular imputaciones.