La Fiscalía General de Colombia, en el marco de su estrategia Argenta dirigida a golpear las finanzas del crimen organizado y el narcotráfico, ha identificado 40 bienes presuntamente vinculados a testaferros del Clan del Golfo. Estos bienes, cuyo valor total supera los 15.300 millones de pesos, incluyen 22 inmuebles, siete vehículos, tres sociedades comerciales y ocho establecimientos de comercio, y han sido ocupados con fines de extinción de dominio en operativos realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijín de la Policía en Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.

Los elementos de prueba recopilados por una fiscal del Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico-Financieros sugieren que estos bienes estarían vinculados a una red ilegal acusada de comprar y vender propiedades y empresas con recursos ilícitos. El cabecilla de esta organización se identifica como Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, y se sospecha que ha constituido varias empresas para ocultar el dinero obtenido a través del tráfico de estupefacientes, la extorsión y la extracción ilícita de minerales.

La investigación reveló que la estructura criminal formó una compañía con un patrimonio inicial de 6 millones de pesos, pero adquirió propiedades por un valor de 1.080 millones de pesos en efectivo en tan solo un mes. Además, un año después, se creó otra sociedad que involucra seis hoteles ubicados en Antioquia y que presuntamente se utilizó para mover ganancias ilícitas del Clan del Golfo.

En 2019, la Fiscalía ya había judicializado a Rosemberth Sánchez Ahumada y a algunos de sus colaboradores por cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y otros delitos relacionados.

Los bienes ocupados en esta operación han sido entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, con el objetivo de privar a las organizaciones criminales de recursos y bienes utilizados para mantener sus actividades ilícitas.

Además, en el marco de la estrategia Argenta, la Fiscalía también llevó a cabo acciones que afectaron 17 bienes presuntamente vinculados a las disidencias de las Farc. Los operativos, dirigidos por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, incluyeron la incautación de 12 inmuebles, tres vehículos, un establecimiento de comercio y una sociedad, ubicados en los municipios de Florencia, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. El valor conjunto de estos bienes se estima en más de 30.645 millones de pesos.

El material probatorio recopilado por los fiscales indicó que estos bienes podrían pertenecer a presuntos colaboradores de la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc y que habrían sido utilizados para vigilar los movimientos de la Policía Nacional, proporcionando información estratégica para actividades delictivas.