La fiscalía general de la Nación presentó un escrito de acusación contra Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Eduardo López (‘El Pastuso’), Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto Gantiva, acusados de conformar una red criminal para desviar recursos públicos destinados a la contratación de carrotanques en La Guajira. El documento, de 184 páginas, detalla las maniobras corruptas que habrían permitido apropiarse de fondos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los acusados enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso. La audiencia de acusación está programada para el 14 de enero de 2025, a las 9:00 a.m., ante el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

Actualmente, los implicados permanecen en centros de reclusión: Olmedo López en el Cantón Militar Caldas, Sneyder Pinilla en el Batallón Fernando Landazábal Reyes, Luis Eduardo López en la Estación de Policía de Carabineros, y Barreto Gantiva junto con Rodríguez Melo en la cárcel La Picota.

El 14 de marzo de 2025, el Juez Quinto Penal del Circuito Especializado revisará el preacuerdo entre la Fiscalía y Olmedo López, exdirector de la UNGRD. López aceptará cargos de peculado por apropiación agravado y concierto para delinquir agravado, por los cuales se le impondrá una condena de 85,4 meses de prisión, con una rebaja del 40% de la pena, según lo pactado.

El preacuerdo detalla que López renunció a su derecho a un juicio oral y público a cambio de esta reducción de pena, y se descarta que las conversaciones previas al acuerdo tengan valor probatorio en el proceso.

De acuerdo con la Fiscalía, entre mayo de 2023 y septiembre de 2024, se consolidó una empresa criminal liderada por funcionarios de la UNGRD y particulares. Esta organización direccionó contratos y recursos destinados a la atención de emergencias, priorizando intereses económicos particulares sobre el bienestar público.

Entre las irregularidades detectadas, se encuentran falsedades en documentos y la adjudicación amañada de contratos a cambio de sobornos. Estas acciones se llevaron a cabo bajo la modalidad de adquisición expedita de asistencia humanitaria y servicios necesarios para atender desastres y calamidades públicas.

La audiencia del preacuerdo, programada para las 2:30 p.m. del 14 de marzo, será clave para determinar la validez de lo negociado entre López y la Fiscalía.

Este caso, emblemático por la magnitud del saqueo, revela los mecanismos utilizados para desviar recursos públicos y subraya los desafíos en la lucha contra la corrupción en Colombia.

Con información de wradio