La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a seis personas señaladas de integrar la red delincuencial conocida como Los Óscares, la cual, de acuerdo con las investigaciones, habría lavado activos por un monto aproximado de 569.000 millones de pesos mediante operaciones comerciales y financieras irregulares.

Según el informe oficial, los detenidos figuraban como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas importadoras que se habrían creado con el propósito de dar apariencia de legalidad al ingreso de mercancía desde Estados Unidos y China. Estas compañías tenían domicilio fiscal en Medellín y La Estrella (Antioquia), Barranquilla y Galapa (Atlántico).

Las actividades investigativas evidenciaron que las sociedades funcionaron por cortos periodos y que sus representantes legales carecían de la capacidad económica, financiera y operativa para justificar la procedencia legítima de los recursos movilizados.

Los procedimientos se adelantaron en ocho diligencias de allanamiento y registro, realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, con apoyo del Ejército Nacional. Durante las operaciones fueron incautados computadores, documentos contables relacionados con la constitución y actividad de las empresas, así como los dispositivos electrónicos (token) que se emplearían para realizar los movimientos bancarios y transferencias de dinero.

Entre los capturados figuran presuntos responsables de coordinar la creación de las compañías fachada y de estructurar el flujo de operaciones que les permitían blanquear grandes sumas de dinero.

La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Ninguno aceptó los cargos.

Un juez determinó que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanzan las investigaciones y se definen las responsabilidades penales.

De acuerdo con las autoridades, esta red delictiva aprovechaba el comercio exterior para realizar importaciones ficticias o con sobrecostos, valiéndose de documentación alterada y empresas de papel que simulaban transacciones legales. Una vez ingresaban los recursos al sistema financiero colombiano, estos eran redistribuidos en múltiples cuentas y transferidos de manera encubierta.

La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales advirtió que el caso hace parte de una estrategia para desarticular organizaciones dedicadas a operaciones de lavado de dinero a gran escala, que afectan la estabilidad económica del país y facilitan el ocultamiento de rentas de origen ilegal.

La Fiscalía resaltó que, además de los elementos probatorios hallados durante los allanamientos, se recopilaron informes de movimientos financieros que habrían evidenciado inconsistencias significativas en el volumen de importaciones y en las justificaciones de origen de los fondos.

Los investigadores continúan verificando si más personas o empresas están vinculadas a esta red y determinarán la eventual participación de terceros que pudieran haber colaborado con la logística o el sostenimiento del entramado financiero.

Las autoridades insistieron en que este tipo de maniobras no solo representan un riesgo para la transparencia del sistema comercial, sino que también generan competencia desleal y afectan la recaudación de impuestos.