La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Carlos Eduardo Mora González por su presunta participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá. Según el ente acusador, a Mora se le señala como coautor del ataque y se le imputaron los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores para la comisión de delitos.

La investigación, liderada por un equipo especializado de fiscales, reveló que Mora González habría tenido un rol activo en la planificación y ejecución del atentado. El 5 de junio, dos días antes del ataque, realizó un reconocimiento del lugar donde se cometería el crimen. Al día siguiente, habría participado en la logística operativa, y el día del atentado estuvo presente en el vehículo desde el cual el menor de edad involucrado recibió el arma de fuego y se cambió de ropa antes de abrir fuego contra el senador Uribe.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Mora, apoyada en evidencias físicas, videos de seguridad, entrevistas, bases de datos y demás material probatorio legalmente obtenido.

Investigación en curso y avances sustanciales

El caso, que ha generado una alta conmoción política y mediática, sigue bajo estricta reserva judicial. Sin embargo, la Fiscalía informó que dos personas más se presentaron voluntariamente ante las autoridades y rindieron interrogatorio en calidad de indiciados, lo cual refuerza las hipótesis investigativas sobre una posible red detrás del atentado.

Desde la campaña de Miguel Uribe Turbay se celebró la imputación. El abogado del senador, Víctor Mosquera, aseguró que ha existido colaboración activa con las autoridades. “Hemos entregado múltiples elementos probatorios a la Fiscalía, incluyendo videos, informes técnicos y entrevistas. Esta es una señal positiva para esclarecer si hubo infiltraciones dentro de la campaña”, señaló Mosquera, quien también lamentó la falta de garantías de seguridad por parte del Estado.

 Fiscalía defiende independencia y rechaza filtraciones

En un comunicado oficial, la Fiscalía General reafirmó su compromiso de esclarecer los hechos, identificar a todos los autores materiales e intelectuales y establecer los móviles del atentado. “Apoyada en un equipo profesional de policía judicial, la entidad avanza con el empleo de todos los recursos técnicos, científicos y operativos”, indicó el ente acusador.

La institución también rechazó categóricamente la filtración de pruebas y la difusión de hipótesis no confirmadas que podrían afectar la investigación y obstruir la acción de la justicia. Por ello, reiteró que solo comunicará avances cuando estos no estén protegidos por la reserva legal.

Además, anunció que toda la coordinación del caso se mantendrá bajo su control directo, luego de que se desnaturalizara el Puesto de Mando Unificado organizado con la Policía Metropolitana de Bogotá, al ser intervenido por funcionarios enviados por la Presidencia, entre ellos los directores de la UNP y la DNI.

Respuesta a propuesta del Presidente Petro

Frente a la solicitud del presidente Gustavo Petro para que se permita una comisión independiente de investigación judicial de Naciones Unidas, la Fiscalía sostuvo que cuenta con la legitimidad, capacidad institucional y técnica para adelantar esta y otras investigaciones sin necesidad de observación internacional.

“El atentado ocurrió hace escasos cinco días, y ya se cuenta con importante evidencia derivada de pruebas técnicas e información legalmente obtenida que, con certeza, conducirá a la judicialización de los partícipes”, agregó la entidad.

Finalmente, la Fiscalía aclaró que el audio recibido recientemente por el presidente Petro, y que habría involucrado a presuntos narcotraficantes, no corresponde a un elemento probatorio formal. Se trata de una conversación entre particulares sobre supuestos actos conspirativos contra el mandatario, la cual está siendo valorada con estricta reserva.

La Fiscalía hizo un llamado a los ciudadanos, actores sociales y medios de comunicación a contribuir con la investigación aportando cualquier información relevante a través del CTI, SIJIN o DIJIN, que permita avanzar en la identificación de los responsables del atentado.

Este atentado, además de representar un grave riesgo para un líder político nacional, ha puesto de nuevo en el centro del debate público la seguridad de los candidatos en tiempos electorales y la capacidad de respuesta del Estado frente a hechos de violencia política.