La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes la apertura de siete noticias criminales para investigar los recientes actos terroristas con explosivos perpetrados en varios municipios de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. La ofensiva violenta, que dejó hasta el momento dos personas muertas y un número indeterminado de heridos, sería una retaliación por la muerte de alias Mayimbú, exjefe de la disidencia de las FARC “Jaime Martínez”.

De acuerdo con el ente acusador, el operativo judicial está siendo liderado por un equipo especializado de la Dirección contra las Organizaciones Criminales, que ya dispuso de siete fiscales especializados para el seguimiento del caso. En terreno, miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y unidades de la Policía Nacional trabajan en la recolección de pruebas, inspecciones técnicas y entrevistas a testigos. No obstante, en algunas zonas los equipos no han podido ingresar por razones de seguridad.

Los ataques comenzaron el lunes 9 de junio con un atentado en Jamundí, Valle del Cauca, y se intensificaron el martes 10 con una ola de hostigamientos entre las 3:22 a.m. y las 8:30 a.m. en Cali, Palmira, Buenaventura, y otros municipios del Cauca como El Bordo, Corinto, Timbiquí, Toribío, Morales, Buenos Aires, Villa Rica y Caloto.

Los atentados incluyeron activación de explosivos dirigidos tanto a la fuerza pública como a la población civil. Estos hechos violentos han generado una fuerte alarma en la región y reavivado el debate sobre la seguridad en zonas con presencia histórica de grupos armados ilegales.

La sombra de alias Mayimbú y las disidencias de las FARC

Las primeras hipótesis de la Fiscalía apuntan a que los ataques serían una acción de venganza por parte de las disidencias de las FARC, específicamente de la columna móvil Jaime Martínez, tras la muerte de su máximo cabecilla, Leider Johani Noscué Bototo, alias Mayimbú, ocurrida el 13 de junio de 2022.

Alias Mayimbú era considerado uno de los hombres más peligrosos del suroccidente del país. Estaba siendo investigado por su presunta responsabilidad en homicidios selectivos, secuestros, acciones de control territorial con fines de narcotráfico y ataques sistemáticos contra civiles y miembros de la fuerza pública.

Su eliminación representó un golpe significativo a las estructuras criminales de las disidencias, pero también generó un vacío de poder y una ola de violencia como forma de reafirmación territorial, según fuentes oficiales.

Fiscalía refuerza presencia en la zona

La Fiscalía ha reiterado su compromiso con la judicialización de los responsables y aseguró que los fiscales asignados trabajarán en estrecha coordinación con la Fuerza Pública para avanzar en las investigaciones. También se está considerando la aplicación de cargos por terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y uso de artefactos explosivos, entre otros.

“Estamos frente a hechos graves que atentan directamente contra la seguridad nacional y la vida de nuestros ciudadanos. No descansaremos hasta capturar a los responsables”, indicó un vocero de la entidad judicial.

Estos recientes ataques han vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad del orden público en departamentos históricamente golpeados por el conflicto armado, el narcotráfico y las economías ilegales. Alcaldes y gobernadores de la región han pedido refuerzos militares y estrategias integrales para garantizar la seguridad de la población.

La situación también ha encendido las alarmas del Gobierno Nacional, que evalúa nuevas medidas para frenar el accionar de las disidencias armadas, en un contexto complejo donde aún persisten desafíos en la implementación de los acuerdos de paz.

Mientras tanto, la población de los municipios afectados continúa con temor, en medio de una tensa calma y la expectativa de que las autoridades logren frenar esta nueva escalada de violencia.