La exesposa de Nicolás Petro Burgos, Day Vásquez, ha confirmado que está enviando a agencias de inteligencia estadounidenses documentos que, según ella, demuestran la existencia de aportes irregulares y flujos de dinero no declarados en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Además, los archivos incluyen conversaciones y evidencias de eventos privados en los que se menciona el consumo de drogas, alcohol y la presencia de trabajadoras sexuales.

Según informó la emisora La FM, Vásquez habría puesto a disposición de la Oficina de Inteligencia de EE. UU. (CIA) y del Departamento del Tesoro una serie de correos electrónicos, extractos bancarios y chats filtrados en agosto de 2025. En esos mensajes, Nicolás Petro y su entonces pareja discuten la organización de fiestas “con todo”, describiendo la participación de un “coronel” que facilitaba la entrada de mujeres al círculo íntimo del candidato.

El personaje al que hacen referencia los chats es William Castellanos, mayor retirado de la Policía Nacional que se desempeñó como asesor de seguridad de Petro desde la alcaldía de Bogotá (2012) y permaneció cerca del político durante su paso por el Senado y la Presidencia. Castellanos, citado por EL COLOMBIANO, reconoció ser el “coronel” mencionado, pero negó haber coordinado la presencia de prostitutas. En su testimonio declaró: “Me opuse a que se repartieran tragos en un evento de La Boquilla; después me retiré de la habitación del hotel y al día siguiente me informó Nicolás que había dos damas extrañas, pero no participé en su ingreso”.

Los chats publicados en 2025 también aluden a videos que supuestamente contienen “travestis y demás”. Petro ha rechazado la existencia de dicho material audiovisual y su hijo, Nicolás Petro Jr., anunció que interpondrá acciones legales contra los autores de la filtración.

El escándalo se produce en medio de la investigación de los llamados “sexocontratos”, un caso que ha puesto bajo escrutinio el estilo de vida del expresidente y que ya ha generado varias denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. La entrega de pruebas a EE. UU. podría abrir una nueva fase de cooperación internacional, pues las autoridades estadounidenses han manifestado interés en determinar si fondos ilícitos cruzaron la frontera y si se violaron normas de financiamiento de campañas electorales.

La campaña de Gustavo Petro en 2022 se caracterizó por una amplia base de apoyo popular, pero también por acusaciones de financiamiento opaco. La supuesta participación de empresarios vinculados a actividades ilícitas y la presencia de figuras militares en eventos privados han alimentado la sospecha de una red de apoyo que trasciende el ámbito político.

Con la entrega de la documentación, Day Vásquez busca que los organismos estadounidenses evalúen la posibilidad de imponer sanciones o iniciar procesos de congelamiento de activos. En caso de confirmarse los indicios de lavado de dinero, la Fiscalía colombiana podría recibir una solicitud de asistencia legal mutua, lo que ampliaría el alcance de la investigación.

El caso podría influir en la percepción de los votantes de cara a las próximas elecciones presidenciales. Los partidos de oposición ya han señalado que la información entregada a EE. UU. podría ser determinante para evaluar la integridad del movimiento petrista. Por su parte, la coalición oficial ha pedido prudencia y ha solicitado que cualquier hallazgo sea analizado dentro del marco legal colombiano.

La entrega de pruebas por parte de Day Vásquez marca un punto de inflexión en la investigación sobre el financiamiento de la campaña Petro 2022 y los supuestos eventos de alto perfil que rodearon al candidato. Con la posible intervención de agencias estadounidenses, el caso podría escalar a un escenario internacional, poniendo bajo presión a los actores políticos involucrados y generando un nuevo debate sobre la transparencia electoral en Colombia.