El Senado paraguayo avanza con el proceso de destitución del presidente Santiago Peña, a pesar de que el mandatario presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre. La decisión de aplazar la discusión sobre su salida dejó en suspenso la dimisión y permitió que el Congreso continúe evaluando la acusación vinculada al colapso de Ueno Bank, que dejó a casi la mitad de la población sin acceso a sus depósitos.

El 3 noviembre, el Banco Central de Paraguay intervino a Ueno Bank, bloqueando los fondos de aproximadamente tres millones de clientes y congelando recursos de entidades estatales, incluido el Instituto de Previsión Social. La medida, que se convirtió en la raíz de la crisis, provocó protestas masivas en Asunción y Ciudad del Este, donde se reunieron alrededor de 5 000 manifestantes que exigían la devolución de sus ahorros y la destitución de Peña.

Peña, ex ministro de Hacienda y presidente desde 2023, tenía participaciones en un grupo empresarial que controlaba el banco. Los legisladores opositores argumentan que el gobierno favoreció a la entidad mediante decisiones regulatorias y la colocación de fondos públicos, lo que habría generado un conflicto de intereses. La Fiscalía General abrió una investigación penal por “hechos relativos a la supervisión y resolución de Ueno Bank S.A. y a la colocación de fondos públicos en dicha entidad”.

Tras la intervención, Peña exigió la renuncia del presidente del Banco Central y promulgó una ley que estableció un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayor parte de sus recursos. Sin embargo, las protestas continuaron y el partido de gobierno retiró su respaldo a Peña en el Congreso. A las 22:15 del jueves, el mandatario recibió un libelo acusatorio de 300 fojas y pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante los senadores, alegando que el plazo era insuficiente para garantizar el debido proceso.

El Senado, encabezado por el presidente Basilio Núñez, confirmó que los legisladores debatían la solicitud de aplazamiento. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar el juicio político y descartó abrir un proceso similar contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien asumiría la presidencia si Peña fuera destituido. No obstante, el Congreso no resolvió la renuncia; una sesión posterior terminó por falta de quórum cuando legisladores del partido de Peña abandonaron el recinto.

Las concentraciones en Asunción completaron su tercera noche consecutiva el jueves, con pancartas que exigían “devolver la plata de tu bolsillo” y “robar es delito solo para los pobres”. En algunas zonas se registraron enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes. Entre los protestantes, un estudiante de 21 años, Andrés Maldonado, declaró que su familia quedó sin dinero y que “Santi (Peña) es un delincuente, tiene que ir a la cárcel”.

El Senado seguirá evaluando la acusación mientras el Congreso define el calendario del proceso. La oposición busca que Peña continúe sometido al juicio político para evitar que, al dejar el cargo, conserve una situación que dificulte eventuales investigaciones penales. Un sector del oficialismo, por su parte, respalda la aceptación de la renuncia y la llegada de Alliana al poder.

Con la crisis de Ueno Bank aún en el centro de la agenda política, la nación paraguaya observa de cerca el desenlace del juicio político de Santiago Peña, cuyo resultado podría redefinir la relación entre el Estado y el sector financiero, así como la confianza ciudadana en las instituciones públicas.