La Contraloría de Bogotá expuso serias deficiencias en los contratos de mantenimiento del sistema de videovigilancia urbano, correspondientes al periodo 2021-2023, que han comprometido significativamente la seguridad ciudadana.

El ente de control identificó un posible detrimento fiscal de $5.379 millones tras auditar diez contratos con una inversión cercana a $108.000 millones. Los hallazgos revelan múltiples irregularidades, incluyendo pagos duplicados, cobros por servicios no ejecutados y una supervisión deficiente.

Según el Director de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Contraloría, Rober Palacios Sierra, las anomalías provocaron que el 45% de las cámaras de vigilancia permanecieran inoperativas. Los diagnósticos fallidos derivaron en costosos mantenimientos correctivos sin resultados efectivos.

Las evidencias de malas prácticas contractuales han sido remitidas a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para determinar los responsables y establecer las sanciones correspondientes. El objetivo es recuperar los recursos públicos comprometidos y esclarecer las responsabilidades administrativas.

La investigación expone fallas estructurales en los mecanismos de gestión y control de recursos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana, generando un impacto directo en la capacidad de monitoreo y prevención de la ciudad.

Con información de wradio