La Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $2.517 millones contra cuatro exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por irregularidades en la contratación de ayudas humanitarias durante la pandemia de COVID-19.

El ente de control determinó que los kits de ayuda fueron adquiridos a precios superiores a los del mercado, generando sobrecostos injustificados. Además, identificó faltantes significativos en los productos entregados a las familias beneficiarias.

“Varios proveedores entregaron productos en menor cantidad, peso o volumen al pactado contractualmente, lo que afectó directamente a las familias beneficiarias”, señaló la Contraloría en su investigación.

La entidad fiscalizadora estableció graves deficiencias en la supervisión técnica y contractual por parte de la UNGRD, que no implementó controles adecuados ni mecanismos de verificación de calidad durante el proceso de contratación y entrega de las ayudas humanitarias.

Estas fallas permitieron que se materializaran las irregularidades que afectaron tanto los recursos públicos como la atención a las familias vulnerables durante la emergencia sanitaria.

Los funcionarios identificados como presuntos responsables fiscales son:

– Eduardo José González: director de la UNGRD en el momento de los hechos
– María Gabriela Benítez: subdirectora de la entidad
– Fernando Carvajal: subdirector
– Abel Zambrano: subdirector

Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, la UNGRD fue la entidad encargada de coordinar la entrega de miles de ayudas humanitarias para atender a la población afectada por las medidas de confinamiento y las consecuencias económicas de la pandemia.

Con información de wradio