La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera para las regiones de la Presidencia. Según la investigación, Ortiz habría participado en el transporte y entrega de 3.000 millones de pesos de origen ilícito al expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, como parte de un esquema de coimas relacionadas con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando, según la Fiscalía, Ortiz recibió en un apartamento de Bogotá dos entregas de dinero en efectivo por parte de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez.

– El 12 de septiembre, Ortiz habría recibido 1.500 millones de pesos en una maleta, transportados luego en un vehículo oficial hasta un punto en el norte de Bogotá para entregarlos a Name Vásquez.
– Al día siguiente, en el mismo lugar, Ortiz habría recogido otros 1.500 millones de pesos, siguiendo el mismo procedimiento de entrega.

Estos recursos presuntamente provenían del direccionamiento irregular de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua potable a comunidades vulnerables de La Guajira.

Nuevos testimonios complican a altos funcionarios

Paralelamente, de acuerdo con información exclusiva a la que accedió Noticias Caracol, María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el alto funcionario estaba al tanto de las actividades ilícitas. En su testimonio, Benavides afirmó: “Él me usó, usó su posición como ministro de Hacienda. No le importaba el costo que tuviera que pagar. Eso era necesario allá adentro”.

Benavides describe un esquema en el que congresistas presionaban por contratos y beneficios a cambio de sus votos en el Congreso, especialmente para la aprobación de créditos internacionales.

Las declaraciones de Benavides coinciden con las realizadas por los exdirectivos de la UNGRD, López y Pinilla, quienes señalaron que en la Casa de Nariño se organizaban reuniones de alto nivel entre ministros y otros funcionarios para acordar los términos de esta operación. Según López: “El cónclave son varios altos funcionarios del Gobierno (…) donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso (…) se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos”.

Estos testimonios han llevado a que seis congresistas estén actualmente en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

El testimonio de Benavides, considerada mano derecha de Bonilla, refuerza las acusaciones en su contra, sugiriendo que era consciente de la participación de congresistas en la designación de contratistas. Esto coloca al ministro en una posición crítica dentro de las investigaciones en curso.