Entre enero y marzo de 2025, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 343 exámenes médico-legales por presunta violencia sexual en menores entre 0 y 4 años, una cifra que evidencia una grave crisis en la protección de la infancia en Colombia. De estos casos, 263 corresponden a niñas y 80 a niños, según el reporte oficial de la entidad.

Este panorama ha generado una fuerte reacción por parte de la Defensoría del Pueblo, que a través de su titular, Iris Marín, expresó un enérgico rechazo ante lo que calificó como una situación de violencia estructural contra los niños y niñas del país. “Advertimos una situación de violencia estructural que rechazamos, y en particular, reprochamos lo ocurrido en el Hogar Infantil Canadá, en Bogotá”, declaró la funcionaria en alusión a un caso reciente de presunto abuso sexual dentro de un jardín infantil adscrito al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

Casos de abuso infantil en jardines: un llamado urgente a la acción

El caso del Hogar Infantil Canadá, ocurrido en Bogotá, ha despertado indignación pública, ya que involucra presuntos hechos de abuso dentro de una institución encargada del cuidado de menores. Esta situación ha sido catalogada como especialmente grave, pues los espacios destinados a la protección infantil se están convirtiendo en escenarios de vulneración.

Ante esta problemática, la defensora Marín exigió acciones urgentes y estructurales por parte del Gobierno Nacional para abordar de manera integral y efectiva la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. “El Estado no puede seguir respondiendo con medidas aisladas o reactivas. Se debe construir una estrategia sostenida y colectiva, dirigida a identificar las causas de esta violencia y a implementar acciones de protección acordes con la magnitud de lo que está ocurriendo”, enfatizó.

Violencia sexual infantil en Colombia: un fenómeno persistente

La violencia sexual infantil en Colombia ha sido una problemática persistente que no da tregua, pese a los esfuerzos institucionales. Los datos de Medicina Legal, que registran más de 300 casos en menores de 0 a 4 años en solo tres meses, alertan sobre la vulnerabilidad extrema a la que están expuestos los niños y niñas, incluso en sus primeros años de vida.

Estas cifras reflejan una realidad alarmante que requiere no solo políticas públicas sostenibles, sino también coordinación interinstitucional, voluntad política y liderazgo desde los niveles más altos del Gobierno. En este sentido, la Defensoría del Pueblo fue enfática: “Desde la cabeza del Gobierno se debe liderar una respuesta contundente, porque proteger a la niñez no puede seguir siendo una promesa pendiente”.

Exigencias de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría solicitó que el Gobierno articule una estrategia nacional de prevención y atención de violencia sexual contra menores, que incluya:

* Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas
* Capacitación y control al personal en instituciones educativas y jardines infantiles
* Acompañamiento psicológico inmediato y a largo plazo para las víctimas
* Mayor vigilancia y seguimiento en entornos donde se cuida a la infancia
* Campañas de concienciación en comunidades, escuelas y familias

Asimismo, se pide una revisión urgente de los protocolos del ICBF y entidades responsables de la protección infantil, así como sanciones ejemplares a los responsables directos o indirectos de negligencia o violencia.