La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales y 35 oficiales y suboficiales de la Brigada IV del Ejército Nacional de Colombia. Los hechos se relacionan con 442 casos de ‘falsos positivos’ ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2007, donde civiles fueron presentados como bajas en combate.

Los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, excomandantes y Jefe de Operaciones de la Brigada IV durante esos años, han sido identificados como los máximos responsables de la política de facto de “conteo de cuerpos”. Este enfoque criminal resultó en asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 442 personas, quienes luego fueron reportadas como bajas en combate en Antioquia.

Además de los generales, la JEP imputó a 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su rol en la implementación de la política y participación en los crímenes. Dos civiles también fueron implicados por su colaboración con una red criminal que reclutaba a las víctimas para entregarlas a los militares a cambio de dinero, donde posteriormente eran asesinadas.

En un hecho sin precedentes, la Sala de Reconocimiento de Verdad documentó actos de tortura en 22 casos con 41 víctimas, principalmente campesinos del Oriente Antioqueño. Los militares los acusaban injustamente de ser guerrilleros y los torturaban para obtener información, material de guerra o la ubicación de otros guerrilleros.

La política de “conteo de cuerpos” tenía como objetivo presentar el mayor número posible de bajas en combate, considerando los cuerpos de supuestos enemigos como el único indicador del éxito militar. Este enfoque desestimaba las capturas, que eran vistas como problemáticas y no contribuían a la victoria militar. Las tropas fueron sometidas a presiones y amenazas, y se otorgaban premios e incentivos a quienes reportaran más muertos, promoviendo una competencia feroz en las estadísticas oficiales, sin importar la especialidad de la unidad militar ni la situación real del conflicto.

Este es el séptimo Auto de Determinación de Hechos y Conductas dentro del Caso 03, que investiga los falsos positivos en todo el país. La JEP ha confirmado el patrón macrocriminal en varias regiones, como Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, el Cementerio las Mercedes de Dabeiba y el Oriente Antioqueño (2002-2003).

La JEP ha aclarado miles de casos que ilustran este patrón macrocriminal y se enfocará ahora en determinar responsabilidades a nivel nacional. Esto garantizará el derecho a la justicia para las víctimas en todo el país y resolverá la situación jurídica de más de 4000 antiguos miembros de las fuerzas militares acogidos a esta jurisdicción especial.

Con información de caracol radio