La escalada de violencia en la región fronteriza colombiana ha provocado una respuesta humanitaria por parte del gobierno venezolano, quien anunció la implementación de un operativo especial para atender a la población desplazada por los enfrentamientos armados en la zona del Catatumbo.

El plan de contingencia se desarrolla en los municipios fronterizos de Jesús María Semprún (Zulia) y García de Hevia (Táchira), zonas que reciben el flujo de personas que huyen de la violencia en territorio colombiano. Las autoridades venezolanas han manifestado su disposición para brindar el apoyo necesario a los afectados.

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció la suspensión de las negociaciones con el ELN, tras los enfrentamientos que han dejado al menos 40 víctimas mortales desde el jueves. A través de su cuenta en X, Petro cuestionó la voluntad de paz del grupo armado.

La ONU confirmó el asesinato de cinco excombatientes de las FARC en la región del Catatumbo. La Defensoría del Pueblo había alertado desde noviembre de 2024 sobre el riesgo de escalada violenta, solicitando mayor presencia de la fuerza pública.

Según Elizabeth Dickinson, analista de International Crisis Group, los hechos representan una “campaña militar” del ELN, que cuenta con aproximadamente 5,800 combatientes según datos de inteligencia militar. La experta señala un rápido deterioro de la seguridad tras dos años de relativa calma entre los grupos armados en la zona.

El ELN, activo desde 1964, ha participado sin éxito en procesos de paz con cinco gobiernos anteriores, siendo su estructura federada uno de los principales obstáculos para alcanzar acuerdos definitivos.

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