Revelan presunto vínculo del régimen venezolano con escalada violenta del Eln en el Catatumbo
Por: Redacción Web
25 enero, 2025

La región del Catatumbo, situada en el departamento de Norte de Santander, ha sido escenario de una profunda crisis humanitaria exacerbada por el accionar del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). La situación, caracterizada por desplazamientos masivos, enfrentamientos armados y violaciones a los derechos humanos, ha llevado a señalamientos que apuntan a un posible vínculo entre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la presencia consolidada del ELN en esta región fronteriza.
En un trabajo publicado por la revista Semana, analistas y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la influencia que el gobierno de Maduro podría estar ejerciendo en el fortalecimiento del ELN en la región del Catatumbo. La frontera colombo-venezolana, marcada por su extensión y falta de control efectivo, ha sido utilizada por grupos armados ilegales para establecer campamentos y operar con relativa impunidad. Informes de inteligencia y denuncias de altos funcionarios colombianos sugieren que el régimen chavista ha brindado apoyo logístico, territorial e incluso político a esta guerrilla, permitiendo que utilicen territorio venezolano como refugio y zona de reagrupamiento.
“El ELN es la contención en la frontera en caso de cualquier invasión que ataque a la revolución venezolana. Eso está clarísimo. Siempre ha sido así”, dijo un alto mando de la fuerza pública que conoce los movimientos de ese grupo criminal.
Según el informe publicado por el referido medio, Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, uno de los principales jefes de las Farc, confirmó que las fuerzas bolivarianas han apalancado la guerra del ELN y, desde hace un año, usan su poder estatal para destruir los campamentos de sus hombres: “El ELN ha corrompido a algunos mandos militares que han apoyado a este grupo en la zona de frontera. Algunos soldados activos salen de permiso y participan en operativos de esas estructuras, se ganan un dinero y retornan a sus cuarteles nuevamente”.
La presencia del ELN y el supuesto respaldo desde Venezuela han generado un aumento en los actos de violencia en el Catatumbo. Poblaciones enteras han sido desplazadas debido a las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados y la fuerza pública. Además, el reclutamiento forzado de menores, el narcotráfico y las extorsiones han incrementado la precariedad en la región.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, los desplazamientos masivos en el Catatumbo se han incrementado en los últimos dos años, y las organizaciones internacionales han advertido sobre una crisis de derechos humanos de proporciones alarmantes. La incapacidad del Estado colombiano para ejercer soberanía en esta región ha sido aprovechada por los grupos armados para consolidar su control territorial.
Diversas voces de la comunidad internacional han instado a una investigación exhaustiva sobre el presunto respaldo del régimen venezolano al ELN. Estados Unidos, así como algunos países de la Unión Europea, han incluido a Nicolás Maduro y su gobierno en la lista de responsables de desestabilizar la región. Sin embargo, el régimen de Caracas ha negado reiteradamente estas acusaciones, calificándolas como parte de una “campaña de desprestigio” orquestada por intereses internacionales.
Lideres sociales y defensores de derechos humanos en el Catatumbo han exigido soluciones concretas al gobierno colombiano, incluida una mayor presencia estatal y el fortalecimiento de los mecanismos de protección para las comunidades afectadas. También han manifestado preocupación por la falta de voluntad política para abordar las causas estructurales del conflicto y garantizar una frontera segura y estable.
La situación en el Catatumbo pone de manifiesto la complejidad de los conflictos fronterizos y la influencia de actores internacionales en las dinámicas internas de Colombia. El presunto vínculo del régimen de Nicolás Maduro con el ELN no solo agudiza la crisis humanitaria, sino que también plantea interrogantes sobre las medidas que la comunidad internacional y el gobierno colombiano deben tomar para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.
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