En medio de las celebraciones navideñas, 3,370 presos políticos permanecen privados de su libertad en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Estas personas, según organizaciones de derechos humanos, no han cometido delitos, sino que han manifestado su oposición a los gobiernos de turno en dichos países.

Venezuela lidera la lista de países con más presos políticos en Latinoamérica. De acuerdo con el Foro Penal, hasta el 16 de diciembre se registraron 1,877 detenidos por razones políticas, incluidos 235 mujeres y seis adolescentes de entre 14 y 17 años.

El gobierno de Nicolás Maduro ha sido señalado por organismos internacionales de manipular el poder judicial y reprimir la disidencia bajo el pretexto de teorías conspirativas y golpes de estado. Estas acciones han generado un aumento sostenido en el número de personas privadas de libertad por motivos políticos.

En Bolivia, casi 300 personas son consideradas presos políticos, según organizaciones independientes. La situación se intensificó durante los mandatos de Evo Morales y Luis Arce, quienes han sido acusados de instrumentalizar el poder judicial como un mecanismo de control político.

El caso más emblemático es el de la expresidenta Jeanine Áñez, cuya detención se ha convertido en un símbolo de lo que analistas denominan “sicariato judicial”. Morales, además, enfrenta múltiples acusaciones legales, incluidas presuntas violaciones de menores, lo que podría complicar su situación política.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que actualmente gobierna Nicaragua con un modelo de copresidencia, ha intensificado la represión en el país. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta el 13 de diciembre se registraron 45 detenciones recientes, de las cuales 39 corresponden a hombres y seis a mujeres.

La persecución no solo afecta a opositores políticos, sino también a músicos, sacerdotes y periodistas. Además, se han reportado destierros forzados de familias completas, incluidos menores de edad, como parte de una estrategia para acallar voces críticas.

En Cuba, las consecuencias de las protestas de “Patria y Vida” en 2021 siguen vigentes. Actualmente, más de 1,148 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, según la organización Prisoners Defenders.

El acoso a activistas y familiares de los presos políticos es una práctica habitual del régimen cubano, que incluye detenciones arbitrarias, multas, citaciones policiales y amenazas constantes. A pesar de las denuncias internacionales, no se han tomado medidas efectivas para abordar la situación en la isla.

Organismos internacionales y gobiernos de la región han sido criticados por su falta de acción frente a estas situaciones. Países como México, Brasil y Colombia han sido señalados como apañadores de las dictaduras hemisféricas, debido a su silencio o respaldo hacia los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

Sin embargo, la historia reciente demuestra que incluso los regímenes más autoritarios eventualmente enfrentan su caída. La esperanza de cambio permanece viva entre los activistas y las comunidades que luchan por la libertad en estos países.

A pesar del panorama adverso, el cierre del año deja abierta la posibilidad de un futuro diferente, en el que los derechos humanos y la justicia prevalezcan sobre la represión y la censura. La lucha por la liberación de los presos políticos sigue siendo un llamado constante para la comunidad internacional.