El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a implementar una directiva que podría ampliar de manera significativa los procesos de desnaturalización, una herramienta utilizada históricamente para retirar la ciudadanía a criminales de guerra, pero que ahora se orienta a un espectro más amplio de personas. El memorando, difundido por la División Civil, insta a los abogados del Gobierno federal a priorizar casos que involucren a individuos que representen un “peligro potencial para la seguridad nacional” o que hayan cometido delitos graves, como violencia o fraude.

Esta política se alinea con el endurecimiento migratorio impulsado por la administración de Donald Trump, que ha regresado a la Casa Blanca con la promesa de rediseñar las políticas migratorias del país. Durante su primer mandato, Trump creó una oficina especial de desnaturalización que fue disuelta por la administración de Joe Biden, pero ahora el enfoque se ha trasladado a toda la División Civil y a las oficinas de fiscales federales, que deberán identificar y promover estos procedimientos en todos los casos permitidos por la ley.

El memorando establece que la desnaturalización debe priorizarse en expedientes relacionados con miembros de pandillas, cárteles de droga, personas acusadas de terrorismo y otros delitos que puedan vincularse con amenazas a la seguridad. Sin embargo, expertos y exfuncionarios del Departamento de Justicia advierten que los criterios son tan amplios que podrían aplicarse de manera discrecional, incluyendo a inmigrantes naturalizados que hayan cometido faltas menores o que se consideren opositores políticos.

Cassandra Burke Robertson, profesora de Derecho de la Universidad Case Western Reserve, aseguró a CNN que la politización de estos procedimientos es un riesgo para el sistema democrático y podría fomentar el temor entre las comunidades de inmigrantes legales. “La politización de los derechos de ciudadanía es algo que realmente me preocupa”, afirmó.

El estatuto utilizado en estos procesos fue promulgado en la época del macartismo, con el propósito inicial de detectar comunistas durante el pánico rojo. Su uso más conocido ha sido contra colaboradores nazis que ingresaron a EE. UU. después de la Segunda Guerra Mundial, mediante la unidad que llegó a ser dirigida por Eli Rosenbaum, quien deportó o despojó de la ciudadanía a un centenar de acusados de crímenes de guerra. Bajo la presidencia de Obama, el programa se amplió en la llamada “Operación Janus”, que se enfocó en personas que obtuvieron la ciudadanía con identidades falsas.

La administración Trump presentó 102 solicitudes de desnaturalización en su primer período, mientras que el gobierno de Biden promovió 24, según datos oficiales. En los primeros cinco meses de su segundo mandato, Trump ya suma cinco solicitudes.

Irina Manta, profesora de Derecho de la Universidad de Hofstra, advirtió que la nueva estrategia puede tener un efecto paralizante sobre la libertad de expresión. “Regularmente observo el miedo de primera mano”, comentó en referencia a la presión sobre activistas y opositores.

Además de esta directiva, un congresista republicano solicitó recientemente que el Departamento de Justicia investigue la ciudadanía de Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York, argumentando que “glorifica públicamente” a personas vinculadas a Hamas en una canción. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, no se ha pronunciado sobre esa solicitud.

El Departamento de Justicia defendió la política señalando que las desnaturalizaciones se realizarán únicamente cuando exista base legal y evidencia suficiente. No obstante, la amplitud de los criterios genera inquietud en organizaciones civiles que temen que esta política se convierta en un instrumento de presión política contra comunidades de inmigrantes naturalizados.