Estados Unidos ha demandado al gobierno de Nicolás Maduro garantizar la salida segura de seis activistas opositores refugiados en la embajada argentina de Caracas, elevando la presión internacional sobre el gobierno venezolano.

Brian Nichols, encargado del Departamento de Estado para América Latina, declaró en redes sociales: “Hacemos un llamado a Maduro y a sus representantes para que garanticen los salvoconductos necesarios para los refugiados”. La declaración surge tras las amenazas de seguridad estatal contra los asilados y la denuncia de María Corina Machado sobre un posible “ingreso” a la sede diplomática.

Los seis opositores – Pedro Urruchurtu, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Mottola – se encuentran refugiados desde el 20 de marzo, cuando la Fiscalía venezolana los acusara de delitos como conspiración y traición a la patria.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha solicitado presión internacional para detener el “asedio criminal” y facilitar la emisión de salvoconductos. Nichols calificó estas acciones como “tácticas hostiles que demuestran la desesperación por aferrarse al poder”.

Desde agosto, la embajada permanece bajo protección de Brasil, tras la expulsión de diplomáticos argentinos, por lo que es posible que este mismo país organice las posibles salidas diplomáticas hacia Argentina tras la emisión de los salvoconductos.

“Terrorismo psicológico”

Los seis opositores venezolanos refugiados en la embajada han denunciado un “terrorismo psicológico”.

Omar González, vocero del grupo, reveló que “ya son casi 9 meses bajo un fuerte asedio, rodeados por la policía de Maduro las 24 horas, con interrupción de servicios básicos y restricciones alimentarias”. Con 75 años, el profesor mantiene la esperanza utilizando “el método del estoicismo griego”.

El caso ha generado profunda preocupación internacional. La Iniciativa Democrática de España y las Américas alertó sobre el “intento de transformar la embajada en una cárcel del régimen venezolano”, considerando la situación una violación grave de derechos humanos.

“Somos gente decente, aquí no hay delito alguno. Lo que procede es nuestra inmediata liberación”, sentenció González, resumiendo el clamor de los seis asilados que esperan una solución pacífica a su crítica situación.