La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este viernes 27 de junio que los jueces inferiores no tienen autoridad para emitir órdenes judiciales de alcance nacional, en una decisión que representa una victoria para la Administración de Donald Trump. Con una votación de 6 a 3, la Corte Suprema dictó una decisión que restringe la facultad de los jueces federales para suspender de forma generalizada la aplicación de órdenes ejecutivas.

La determinación surgió tras una batalla legal sobre la medida de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento a bebés de familias en situación irregular en Estados Unidos. El gobierno federal reclamaba que los tribunales estatales no podían congelar dicha orden a nivel federal.

Los jueces del máximo tribunal le dieron la razón a la Administración Trump de que los jueces han ido demasiado lejos al emitir órdenes que se aplican a toda la población, en lugar de solo a las partes involucradas en el litigio.

La Corte Suprema ordenó a los tribunales inferiores de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington —que habían suspendido la ejecución de la orden de Trump— reconsideren el alcance de sus medidas.

“Nadie discute que el Ejecutivo tiene el deber de cumplir la ley. Pero el Poder Judicial no tiene una autoridad ilimitada para hacerla cumplir; de hecho, a veces la ley se lo prohíbe”, escribió la jueza conservadora Amy Coney Barrett.

Barrett explicó que los casos regresarán a los jueces inferiores, quienes deberán decidir cómo ajustar sus fallos para cumplir con la decisión del supremo. Sin embargo, el fallo no permite que la política de Trump entre en vigor de inmediato ni se pronuncia sobre su legalidad.

Tras conocerse el fallo, Trump lo celebró en sus redes sociales. “¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos!”, escribió en Truth Social. Posteriormente, en rueda de prensa, adelantó que tiene “toda una lista” de políticas que podrá implementar sin oposición de los tribunales inferiores.

La decisión ha generado fuertes críticas en el sector progresista. En su disenso, la jueza liberal Sonia Sotomayor afirmó que la decisión del máximo tribunal “es nada menos que una invitación abierta para que el Gobierno eluda la Constitución”.

“La mayoría ignora completamente si la orden ejecutiva del presidente es constitucional y se enfoca únicamente en si los tribunales federales tienen autoridad equitativa para emitir medidas universales”, escribió Sotomayor, apoyada por las otras dos juezas liberales.

A más de 150,000 recién nacidos se les denegaría la ciudadanía anualmente bajo la directiva de Trump, según los demandantes que la impugnaron, incluidos los fiscales generales demócratas de 22 estados.

La orden ejecutiva firmada por Trump establece que los niños nacidos de padres que estén irregularmente en Estados Unidos o con visas temporales no adquirirán la ciudadanía automáticamente. Los tres tribunales inferiores consideraron que la orden violaba la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) calificó la decisión como preocupante, aunque señaló que todavía se pueden buscar protecciones adicionales para las familias potencialmente afectadas.

“La orden ejecutiva es claramente ilegal y cruel. Nunca debería aplicarse a nadie”, sentenció Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

Steven Schwinn, profesor de derecho en la Universidad de Illinois en Chicago, aseguró que el fallo “mina profundamente la capacidad de los tribunales federales para frenar acciones ilegales del gobierno”. Explicó que “el fallo probablemente creará un mosaico de derechos de ciudadanía por nacimiento; en algunos lugares será reconocida para personas que hayan demandado con éxito, y en otros no será reconocida para quienes no hayan demandado”.

 

 

Con información de france24