La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó este sábado sobre la excarcelación de 60 presos políticos que habían sido detenidos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Según la organización, estas liberaciones se registraron entre el viernes y el sábado, en cárceles como Tocorón, Tocuyito y Las Crisálidas.

De acuerdo con el reporte de la ONG, 37 liberaciones se realizaron en la prisión de Tocorón, 13 en Tocuyito y 10 en Las Crisálidas. Además, se denunció que las excarcelaciones están siendo ejecutadas de manera discreta, utilizando vehículos oficiales y ambulancias, principalmente durante la noche.

“La estrategia incluye dejar a los liberados en terminales de transporte con lo que llevan puesto, obligándolos a comunicarse con sus familias para gestionar su regreso a casa”, afirmó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos a través de X.

El viernes, la Fiscalía General anunció la liberación de 200 personas más como parte de un proceso de revisión de casos solicitado a la Justicia, elevando a 733 el total de excarcelaciones reportadas tras las elecciones presidenciales.

Sin embargo, la ONG expresó dudas sobre la veracidad de estas cifras, argumentando que no es la primera vez que se cuestiona la exactitud de los datos oficiales. Además, criticó la falta de transparencia por parte de las instituciones estatales en la gestión de estos casos.

“Persiste una política de opacidad gubernamental. No se ofrece información oportuna, verificable y de acceso público que permita conocer la situación real de los excarcelados”, señaló la organización.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos también denunció que a los liberados y a sus familiares se les prohíbe grabar videos, hacer declaraciones a la prensa o compartir detalles sobre sus experiencias en prisión. Además, aseguró que existen casos de coacción, lo que dificulta a las organizaciones de la sociedad civil documentar con precisión las excarcelaciones realizadas.

Las liberaciones se enmarcan en un proceso anunciado por el gobierno tras las elecciones presidenciales, que ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado mayor claridad en los procedimientos y garantías para las personas liberadas.

Aunque los reportes oficiales indican avances en este proceso, las denuncias de discrecionalidad y falta de transparencia plantean interrogantes sobre la situación de quienes permanecen detenidos y las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo estas excarcelaciones.

Unos salen, otros entran

En contraste con las recientes liberaciones, el partido Vente Venezuela denunció la detención de dos de sus integrantes: Víctor Manuel Sandoval y Yerwin Torrealba, estas aprehensiones se suman a una lista creciente de dirigentes y activistas opositores que, según el Comité de Derechos Humanos de VV, eleva a 169 el número de personas consideradas como “presos políticos”.

Yerwin Torrealba, coordinador de organización juvenil en Yaracuy, fue detenido el jueves por funcionarios armados que llegaron a su residencia en una camioneta sin identificación. Según VV, el opositor permanece bajo custodia tras ser llevado a un “supuesto interrogatorio”.

Por su parte, Víctor Manuel Sandoval, secretario político del partido en una localidad de Miranda, fue arrestado el martes. VV destacó que Sandoval es una persona de la tercera edad con hipertensión, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud durante su reclusión.

Estas detenciones se suman a las de otros opositores en semanas recientes, incluidos Edgar Sarabia, Álvaro Mora, Jesús Armas, Nabil Maalouf, Luis Palocz y Carlos Azuaje, quienes, según las organizaciones de derechos humanos, también fueron aprehendidos arbitrariamente.