El Congreso de la República entra en la recta final de sus sesiones ordinarias, con una agenda legislativa que se espera concluir el viernes 13 de diciembre. En este escenario, el Gobierno Nacional, liderado por el Ministerio de Hacienda, enfrenta una carrera contrarreloj para salvar la ley de financiamiento, una pieza clave para garantizar los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. Sin embargo, las probabilidades de éxito se reducen con cada día que pasa.

El proyecto de ley de financiamiento busca recaudar 12 billones de pesos para cubrir el déficit del PGN 2025. Sin embargo, las dificultades para obtener consensos en el Congreso han puesto en peligro su aprobación. Fuentes legislativas indican que el proyecto podría ser dejado de lado para evitar un hundimiento público, siguiendo el patrón de otras iniciativas recientes.

En la Comisión Tercera del Senado, 11 de los 16 miembros ya han manifestado su intención de votar en contra, dejando pocas esperanzas para la iniciativa. Este rechazo refleja las tensiones dentro de la coalición de gobierno, donde ni siquiera los aliados más cercanos han firmado la ponencia oficial del Ejecutivo.

Además, la falta de una resolución para convocar sesiones conjuntas de Senado y Cámara, necesarias para avanzar en el trámite legislativo, ha complicado aún más el panorama.

Ajustes al texto de la ley

En un intento por ganar apoyo, el Ministerio de Hacienda ha propuesto modificaciones al proyecto. Entre los cambios destacados está la eliminación de artículos polémicos, como el que proponía una tarifa fija del 20 % para las ganancias ocasionales y el retiro de la exención de IVA para vehículos híbridos. También se descartó reducir el umbral del Impuesto al Patrimonio de 72.000 a 40.000 Unidades de Valor Tributario (UVT).

En cuanto a los impuestos al carbono y a las apuestas en línea, el Gobierno propuso implementarlos gradualmente en un periodo de tres a cinco años para mitigar su impacto en los sectores afectados.

Si la ley de financiamiento no se aprueba antes del 31 de diciembre, el Gobierno se verá obligado a recortar los 12 billones de pesos proyectados en el PGN 2025. Esto podría tener repercusiones significativas, ya que el equilibrio fiscal, un principio constitucional, exige que los ingresos sean proporcionales a los gastos programados.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió sobre la sobreestimación en las proyecciones de ingresos del Gobierno, señalando un riesgo de menor recaudo que podría superar los 33,3 billones de pesos. Ante este escenario, el Ministerio de Hacienda ha considerado un ajuste severo del gasto como la alternativa más viable para evitar mayores riesgos financieros y proteger la calificación crediticia del país.

A pesar de las dificultades, el Ministerio de Hacienda realizará un último intento esta semana para alcanzar un consenso con el Congreso. Sin embargo, en los pasillos de la Casa de Nariño ya se contempla la posibilidad de un decreto presidencial que recorte los recursos necesarios para cumplir con las metas presupuestales del próximo año.