Un mes antes de que la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) anunciara un incremento del 12,5 % en los aranceles a varios productos colombianos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo había alertado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre la urgencia de expedir una norma que prohibiera la importación y exportación de bienes fabricados total o parcialmente con trabajo forzoso. La regulación, solicitada para el 6 de julio, no se emitió dentro del plazo, lo que ahora se interpreta como un factor que facilitó la medida tarifaria estadounidense.

En una carta fechada el 22 de junio de 2026, la ministra Diana Morales dirigió al director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano, la petición de adelantar la normativa prevista en el proyecto de ley del régimen sancionatorio aduanero. Según el documento, la prohibición buscaba cumplir compromisos internacionales de Colombia en la lucha contra el trabajo forzoso, reforzar los controles aduaneros y garantizar la integridad de las cadenas de suministro. La ministra subrayó que el sector privado, a través del Consejo Gremial Nacional, también había respaldado la iniciativa, exigiendo criterios objetivos de riesgo, mecanismos de investigación y garantías de debido proceso.

A pesar de la disposición manifestada por la DIAN para liderar el proceso y del acompañamiento técnico‑jurídico ofrecido por el Ministerio, la norma no quedó lista antes del 6 de julio. Tres semanas después, el 23 de julio, la USTR publicó la decisión de aplicar aranceles “inteligentes” del 12,5 % a más de 120 productos colombianos, entre los que se incluyen café, flores, banano y textiles. La medida se fundamenta en los resultados de investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a EE. UU. imponer sanciones cuando se detectan prácticas comerciales desleales o violaciones de derechos laborales.

Los aranceles adicionales encarecerán los productos colombianos en el mercado estadounidense, reduciendo su competitividad y afectando a exportadores que dependen de este destino. Según datos preliminares del Ministerio de Comercio, el valor de las exportaciones afectadas supera los US$ 800 millones anuales. Además, la imposición de la tarifa podría desencadenar una revisión de otros acuerdos bilaterales, generando incertidumbre para inversores extranjeros.

El Ministerio de Comercio reiteró que la falta de regulación no fue una omisión deliberada, sino una consecuencia de retrasos administrativos. “Habíamos solicitado a la DIAN que priorizara la norma para demostrar a nuestros socios que Colombia avanza en la erradicación del trabajo forzoso. Lamentamos que el calendario no se haya cumplido”, declaró la ministra Morales en una entrevista con Blu Radio. Por su parte, la DIAN explicó que la elaboración del marco regulatorio requirió la coordinación con varias entidades, lo que extendió el proceso más allá de la fecha establecida.

EE. UU. ha intensificado su política de “aranceles inteligentes” como herramienta de presión para que los países cumplan con estándares laborales y medioambientales. La decisión contra Colombia se alinea con acciones similares dirigidas a otras naciones latinoamericanas que, según Washington, no han adoptado medidas suficientes contra el trabajo forzoso.

El Gobierno colombiano anunció que iniciará una nueva ronda de consultas interinstitucionales para acelerar la publicación de la normativa pendiente. Asimismo, se prevé la creación de un observatorio de cadenas de suministro que monitoree el origen de los productos exportados. Expertos advierten que, sin una respuesta rápida, el país podría enfrentar mayores sanciones y una pérdida de confianza comercial.